Desde San Lázaro

Fin a la sobrerrepresentación

México necesita reformar su sistema de representación proporcional para que exista una correspondencia más estrecha entre votos y escaños, preservando al mismo tiempo la representación territorial y el pluralismo político.

La integración de la Cámara de Diputados en 2024 dejó una controversia constitucional que México no debería repetir en las elecciones intermedias de 2027. Esto se debe a la posibilidad de que una coalición obtenga una proporción de curules considerablemente superior a su porcentaje de votos. Aprovechando que los límites de sobrerrepresentación se aplican individualmente a los partidos y no al bloque político que compite unido.

Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo consiguieron 364 de las 500 diputaciones federales, equivalentes a 72.8 por ciento de la Cámara, pese a que su votación conjunta para efectos de representación proporcional rondó 58.4 por ciento. La diferencia de más de catorce puntos porcentuales provocó una disputa jurídica y política que terminó con la confirmación de las asignaciones por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La decisión del INE, presidido por Guadalupe Taddei, y su posterior ratificación por el Tribunal, encabezado por Mónica Soto, fueron duramente cuestionadas por los partidos opositores y diversos especialistas, quienes consideraron que la interpretación aplicada permitió al oficialismo alcanzar una mayoría calificada que no correspondía proporcionalmente a su votación.

Ambos personajes están fuera ahora del INE y del TEPJF, aunque por razones diferentes, pero igual las dos dañaron a la democracia y a los ordenamientos constitucionales electorales.

Ese es el centro de la discusión que debe resolverse antes de 2027.

Porque resulta legítimo preguntar ¿por qué tres partidos que registran candidaturas comunes, realizan campañas coordinadas, comparten propaganda y defienden un mismo proyecto de gobierno deben ser considerados por separado cuando se calcula la sobrerrepresentación legislativa?

La Constitución establece, en su artículo 54, que ningún partido político puede contar con un número de diputaciones que exceda en ocho puntos porcentuales su porcentaje de votación nacional emitida, salvo la excepción relacionada con sus triunfos en distritos de mayoría relativa. Sin embargo, esa disposición no menciona expresamente a las coaliciones, circunstancia que ha sido determinante en la interpretación utilizada para distribuir las diputaciones plurinominales.

En 2024, Morena, PVEM y PT se beneficiaron conjuntamente de un sistema que permitió acumular sus triunfos distritales y recibir asignaciones proporcionales calculadas para cada partido. Lo que genera polémica no es que las coaliciones sean ilegales, sino si las reglas actuales reflejan de forma adecuada la voluntad popular cuando una alianza consigue una ventaja parlamentaria de esa envergadura.

Ahora, frente a las elecciones del próximo año, la Alianza Democrática para la Observación Electoral plantea llevar al INE alternativas para revisar la manera en que se interpretan los límites de sobrerrepresentación. La iniciativa abre una discusión necesaria sobre la relación entre coaliciones, representación proporcional y equilibrio legislativo.

Una primera ruta consiste en examinar si los partidos que compiten coaligados pueden recibir un tratamiento conjunto para verificar el límite de sobrerrepresentación, particularmente cuando existe una coordinación electoral y parlamentaria estable. La segunda pasa por revisar los criterios de afiliación efectiva y asignación de triunfos de mayoría relativa, a fin de impedir que los convenios de coalición alteren artificialmente el número de diputaciones atribuidas a cada fuerza política.

Ambas alternativas enfrentan dificultades jurídicas que no deben minimizarse. El INE puede emitir lineamientos e interpretar las disposiciones vigentes dentro de sus atribuciones, pero no puede reformar por sí mismo el artículo 54 constitucional ni establecer restricciones contrarias a la ley. Cualquier cambio de fondo debe respetar el principio de certeza electoral y los plazos constitucionales para modificar las reglas aplicables a los comicios.

Precisamente por eso es esencial que el Instituto haga públicos con suficiente anticipación sus criterios y que éstos puedan ser examinados por partidos, especialistas y organizaciones ciudadanas.

La representación proporcional fue concebida para permitir que las distintas corrientes políticas tengan presencia legislativa y para evitar que los triunfos en distritos uninominales produzcan una concentración excesiva del poder parlamentario.

Morena y sus aliados tienen derecho a competir en coalición y a recibir las diputaciones que legalmente les correspondan. PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y las demás fuerzas también deben sujetarse a las mismas reglas, sin excepciones diseñadas para favorecer o perjudicar a una alianza específica.

México necesita reformar su sistema de representación proporcional para que exista una correspondencia más estrecha entre votos y escaños, preservando al mismo tiempo la representación territorial y el pluralismo político.

Esa discusión corresponde al Congreso, a las autoridades electorales y a la sociedad civil, cada uno dentro de sus atribuciones.

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