El Instituto Nacional Electoral enfrenta una acumulación de problemas que amenaza con complicar la organización de las elecciones intermedias de 2027. A los cuestionamientos por los actos de corrupción ocurridos durante la administración de la morenista Guadalupe Taddei, se suman las restricciones presupuestales, las inconformidades laborales y la necesidad de reorganizar una estructura administrativa golpeada por la salida de numerosos funcionarios.
El problema adquiere dimensiones particularmente delicadas porque el próximo año estarán en disputa las 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y centenares de cargos estatales y municipales.
La autoridad electoral tendrá que desplegar una operación de enorme complejidad, mientras intenta recuperar la confianza ciudadana y garantizar que los conflictos internos no afecten sus responsabilidades constitucionales.
La propuesta de reducir aproximadamente cinco mil millones de pesos al presupuesto solicitado por el INE para 2027 ha colocado nuevamente sobre la mesa una discusión fundamental: cuánto cuesta organizar elecciones confiables y quién debe determinar los recursos necesarios para hacerlo.
El Congreso tiene facultades para revisar y modificar el presupuesto del organismo, pero esas decisiones deben sustentarse en criterios técnicos y en una evaluación de las obligaciones que tendrá que cumplir el organismo electoral y no por la austeridad franciscana del gobierno y por someterlo operativamente.
La situación se complica por las inconformidades de trabajadores del Instituto, particularmente del personal vinculado con los módulos de atención ciudadana. Las advertencias sobre un posible paro laboral que involucraría a más de cinco mil empleados, obligan a revisar las demandas relacionadas con salarios, condiciones de trabajo, estabilidad contractual y reconocimiento de funciones.
Los módulos de atención ciudadana constituyen una pieza indispensable del sistema electoral mexicano. Allí se realizan los trámites para obtener, renovar o actualizar la credencial para votar, documento que también funciona como principal identificación oficial para millones de personas.
Una suspensión prolongada de actividades podría generar retrasos en esos servicios y complicar los preparativos electorales. Sin embargo, el alcance de una eventual afectación dependerá de la participación efectiva de los trabajadores, la duración de las protestas y las medidas que adopte el oficialismo.
El INE también debe atender las consecuencias de la salida de Guadalupe Taddei. Las investigaciones sobre contrataciones, relaciones con proveedores y conflictos de interés durante su gestión han deteriorado la percepción pública del organismo.
Corresponderá a las autoridades fiscalizadoras y judiciales determinar responsabilidades individuales, pero el Instituto necesita esclarecer los hechos y fortalecer sus mecanismos de control administrativo.
No basta con sustituir a la presidenta ni con aceptar las renuncias de funcionarios cercanos a su administración. Es indispensable revisar contratos, transparentar adjudicaciones, fortalecer la supervisión de proveedores y garantizar que los nombramientos respondan a criterios profesionales.
La presidencia provisional del INE enfrenta así una tarea compleja: reorganizar la administración sin desmantelar la capacidad técnica acumulada durante décadas. Ya vendrá el nuevo titular, que por cierto será morenista y en él recaerá la responsabilidad de recomponer el entuerto o de plano darle el golpe de gracia al Instituto Electoral.
La reducción presupuestal, además, ya no se limita a los cinco mil millones que se ajustarán en el presupuesto del próximo año.
El 6 de noviembre, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó un recorte adicional de mil millones, con lo que la disminución propuesta alcanzó seis mil millones de pesos respecto del proyecto enviado por el Ejecutivo. La asignación quedaría en aproximadamente 36 mil 275 millones, frente a los 42 mil 275 millones originalmente contemplados.
Aquí aparece una contradicción que merece una explicación pública: mientras se investiga el cochinero dejado por Taddei, trabajadores encargados de atender directamente a los ciudadanos reclaman recursos para mejorar sus salarios y herramientas de trabajo.
El oficialismo sostiene que es posible racionalizar el gasto electoral y destinar recursos a otras prioridades sociales, sin embargo, reducir el presupuesto durante un proceso de gran magnitud comprometería funciones esenciales del organismo.
La independencia electoral no significa ausencia de controles presupuestales. Significa que las decisiones financieras no deben impedir que el árbitro cumpla sus funciones constitucionales. La credibilidad del INE depende de investigaciones transparentes, decisiones colegiadas, condiciones laborales adecuadas y recursos suficientes para organizar los comicios.
La democracia mexicana no se fortalece ocultando irregularidades, pero tampoco debilitando la capacidad operativa de las instituciones encargadas de garantizar el voto. El árbitro está sometido a una prueba institucional extraordinaria. Los que se dicen demócratas en realidad son proclives a la dictadura.