La peor noticia para una democracia no es que un partido se enquiste en el poder, sino que la ciudadanía deje de confiar en quien organiza las elecciones y cuente los votos. Tal como sucedía en el siglo pasado, cuando el organismo electoral dependía de la Secretaría de Gobernación.
Ese es el verdadero problema que enfrenta el Instituto Nacional Electoral rumbo a las elecciones intermedias de 2027.
Durante años, Morena y Andrés Manuel López Obrador emprendieron una ofensiva política contra el INE bajo el argumento de que era un organismo oneroso, burocrático y vinculado con los intereses del antiguo régimen. Después vinieron reformas, recortes presupuestales, confrontaciones y una recomposición de su Consejo General.
Hoy Guadalupe Taddei preside un instituto muy distinto al que encabezaron Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés, Luis Carlos Ugalde o José Woldenberg.
A las controversias políticas se agregan además cuestionamientos administrativos sobre contrataciones realizadas durante la presidencia de Taddei.
Una investigación publicada esta semana por Reforma refiere controversias relacionadas con proveedores, adjudicaciones y el nombramiento de Jesús Octavio García González como director de Administración del instituto, quien posteriormente dejó el cargo tras una denuncia por posible conflicto de interés. Menciona el citado diario que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP tiene sitiado al INE.
Ante las denuncias de corrupción en el Instituto Nacional Electoral, seguramente el gobierno de la 4T dará carpetazo al asunto, sin considerar que el golpe será a la democracia, pero eso qué importa si lo que se trata es de eliminarla.
El INE maneja miles de millones de pesos, pero administra algo todavía más importante: la confianza electoral de los mexicanos y, cuando está en entredicho, pues se vislumbra que el abstencionismo sea el ganador en las elecciones intermedias del próximo año.
El costo de la democracia es oneroso y se observa en el tamaño del presupuesto del INE para el próximo año. El Consejo General aprobó un anteproyecto presupuestal por 31 mil 431 millones 887 mil 800 pesos para 2027, además de 10 mil 842 millones de pesos correspondientes al financiamiento público de partidos políticos y candidaturas independientes.
El propio instituto calcula que la Lista Nominal crecerá de aproximadamente 98 millones a más de 102 millones de ciudadanos y que deberán instalarse alrededor de 176 mil casillas, además de contratar aproximadamente 51 mil supervisores, capacitadores y asistentes electorales.
El INE deberá fiscalizar campañas, vigilar prerrogativas, monitorear radio y televisión, sancionar infracciones y tomar decisiones que inevitablemente beneficiarán a unos actores políticos y perjudicarán a otros.
Para ejercer semejante autoridad necesita algo que no puede comprarse con presupuesto público: credibilidad.
La autonomía tampoco consiste solamente en que la Constitución lo diga. Se demuestra todos los días manteniendo distancia del Ejecutivo, de los partidos políticos y de cualquier ente que pretenda mellar su independencia.
El árbitro no puede vestir ninguna camiseta.
Por eso sería un grave error que Morena considerara al INE como territorio conquistado, e igual de malo que algún consejero se despache con la cuchara grande en el manejo del presupuesto.
Cada licitación cuestionada debe aclararse. Cada adjudicación directa debe justificarse. Cada posible conflicto de interés debe investigarse. Cada nombramiento relevante debe sustentarse profesionalmente. Y cada resolución electoral debe poder defenderse jurídicamente sin necesidad de recurrir a afinidades políticas.
La elección de 2027 será suficientemente complicada por sí misma.
Habrá renovación de la Cámara de Diputados, elecciones locales y 17 gubernaturas en disputa. El propio INE reconoce que deberá enfrentar una operación electoral extraordinariamente amplia y costosa.
Ante este escenario, se equivocan el gobierno y el propio INE, ya que en lugar de ganar la confianza ciudadana para fortalecer el sistema electoral mexicano, se dedican a aceitar la maquinaria para pavimentar la victoria del oficialismo en las elecciones del 2027.
Tanto el PAN, de Jorge Romero; el PRI, de Alito Moreno; MC, de Dante Delgado, y Somos deberían avocarse para que el INE se despoje del sospechosismo que prevalece en torno a su autonomía e independencia del gobierno federal, porque de no hacerlo, en realidad serán tiempo y dinero perdido las campañas políticas y la lucha por el voto que se verá reflejado el día de la elección.