Con decenas de tractores afuera de San Lázaro, los diputados del oficialismo aprobaron las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y a la que expiden la Ley General de Aguas, en términos de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y, aunque se le hicieron más de 50 cambios, la realidad es que a nadie ha dejado conforme el mamotreto final.
Afuera del Palacio Legislativo, se imponen los bloqueos y las protestas; adentro, los legisladores de Morena, PT y PVEM ignoran a los inconformes provenientes de varias entidades del país.
No se entiende la prisa que tiene la 4T, ya que en lugar de legislar con una debida ponderación que lleva tiempo para buscar el mayor de los consensos, prefieren engañar a los campesinos y productores con una supuesta apertura, pero que, en realidad, se aprobó el nuevo ordenamiento a espaldas de los usuarios del agua, que son millones, pues se trata de un trinomio: agua, tierra y alimentos, tal como lo señaló la presidenta de la Cámara baja, Kenia López Rabadán.
El Ejecutivo Federal impulsa esta ley que elimina la certeza jurídica en las concesiones y criminaliza a los trabajadores del campo: “castiga al campo mexicano, criminaliza a los trabajadores, porque hoy en día tendrán sanciones y seguirán teniendo sanciones ya de carácter penal y han ampliado el catálogo.
Pone en riesgo a la industria y al comercio y, por supuesto, a los municipios y organismos operadores”, advirtió el diputado Paulo Martínez.
En la misma línea discursiva se ubica Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano, quien amenaza con movilizaciones en todo el país para frenar el albazo legislativo del oficialismo.
“Faltan que se reconozcan los pozos ganaderos que existen en todo el país. En el caso de Chihuahua hay 16 mil pozos y son pozos que no afectan el acuífero”, informó el líder.
En realidad, son innumerables temas en torno a la ley en cuestión que se pasarán por alto con la aprobación exprés de la nueva Ley de Aguas.
Están, por ejemplo, los pozos para uso agrícola, cuyo costo es por arriba de los 10 millones de pesos y que, ahora con el nuevo ordenamiento, se busca prohibir que se transmitan o hereden los derechos de concesión.
Veremos al final del proceso legislativo en ambas Cámaras cómo queda la Ley de Aguas, aunque no se necesita tener dones de pitoniso para aseverar que será gasolina que prenderá al campo mexicano.
Entre los bajos precios de garantía al maíz, los escasos apoyos al campo por parte del gobierno de AMLO-Sheinbaum, la nueva Ley de Aguas y la pobreza extrema y marginación que prevalece en este sector, se alborota a los campesinos y productores de alimentos y ello, de suyo, necesariamente, recuerda el origen de la revolución mexicana.
El totalitarismo con su brazo represivo se apresta a aquietar a los revoltosos. Si no me cree, estimado lector, tan solo hay que esperar algo de tiempo para que ello ocurra.
Luego de las mesas de trabajo en la Segob, de Rosa Icela Rodríguez, y en la Cámara de Diputados, no se han apaciguado los ánimos entre los productores agropecuarios; al contrario, las protestas han subido de tono y escalarán en varios estados.
Hay que recordar que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se reunió con productores agropecuarios representantes de 11 estados de la República, de donde surgieron múltiples inquietudes que, a decir de Kenia López, se sumaron a las 50 modificaciones anunciadas en días pasados, lo cual es una falacia.
En lugar de tomar más tiempo, incluso para hacer una consulta nacional sobre la Ley de Aguas, el tema lo amerita, el oficialismo decide acelerar el proceso legislativo de aprobación, sin medir las consecuencias y el impacto que tendrá tal atropello en la gobernabilidad.
La tan manoseada mentira del oficialismo en torno a la soberanía alimentaria cae por su propio peso, porque es tal el abandono al campo que estamos peor que en tiempos del neoliberalismo.
En la víspera de la inauguración del mundial de futbol en la capital del país, se complica el escenario político-social con diversos sectores de la población inconformes por la actuación del gobierno federal y local en diversos temas, como es precisamente la desatención al campo y el uso faccioso del derecho al agua.