Las alertas rojas están encendidas en Palacio Nacional desde el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán.
Tras la marcha de la generación Z, enturbiada por la violencia del ‘Bloque Negro’ (auspiciado por el gobierno), la presidenta Claudia Sheinbaum llamó de urgencia a los gobernadores y legisladores federales del oficialismo para reforzar la estrategia política electoral rumbo al 2027, debido al creciente descontento contra la 4T que prevalece en una extensa parte del territorio nacional.
La estrategia de control de daños por la creciente violencia y la inseguridad que no se frena —no obstante, las cifras oficiales maquilladas, y la recesión económica que mantiene al gobierno en niveles de precariedad financiera— ponen en peligro al proyecto político de AMLO-Sheinbaum y ello de suyo implica reducir a su mínima expresión a los opositores, sin importar los medios para lograrlo.
Por lo tanto, se están judicializando casos políticos, persiguiendo a opositores a través del SAT y otras instancias federales y estatales. Además, hay fallos de jueces y de la SCJN contra personajes incómodos para el régimen, como Ricardo Salinas Pliego. También se está llevando a cabo espionaje político y una serie de acciones represivas para evitar que ocurra la alternancia en el poder.
En este sentido, el crisol de las elecciones intermedias será un buen parámetro para ver el nivel real de aceptación y popularidad que tiene la 4T en el país. Además, claro, se podrá sopesar si efectivamente la oposición partidista está desaparecida o de plano ha revivido luego de la debacle sufrida en los comicios de 2024.
Así como se están cooptando todos los contrapesos al Poder Ejecutivo y estableciendo un control férreo sobre los poderes Legislativo y Judicial, además de crear una nueva Ley de Amparo que impida a los adversarios políticos del régimen alcanzar la protección de la justicia, se está cocinando en la Presidencia de la República la reforma electoral que busca cerrarle la puerta a los grupos minoritarios y a la oposición con la reducción de los espacios de representación proporcional y del financiamiento público y establecer todo un andamiaje institucional para impedir por todas las vías que tengan posibilidad alguna de perder el mando en las elecciones del 2030.
La reforma electoral de Pablo Gómez está alineada con las legislaciones de las dictaduras de la región, como las de Cuba, Venezuela y Nicaragua, en donde, además de apropiarse de los organismos electorales, se conformó un Poder Judicial sometido a los designios del dictador en turno.
Mientras se da el último toque a la reforma electoral en las cámaras de Senadores y Diputados, también les dan atole con el dedo a todos aquellos que muestran preocupación por este engendro que se cocina en el laboratorio del doctor “Frankenstein Gómez”.
Entre ellos están los propios magistrados electorales de los estados, quienes se ven amenazados por esa reforma que, según filtraciones, podría hacer desaparecer esos tribunales.
Al reunirse con los magistrados electorales para dialogar sobre la reforma correspondiente, el diputado Ricardo Monreal Ávila señaló que sí cree en los tribunales locales electorales y aclaró que no ha habido todavía la reforma ni la iniciativa en la materia, pero dijo: “Es probable que nos la envíen hacia el mes de enero”.
Explicó que no se tiene todavía material y reiteró: “Por eso me sirve mucho este tipo de posicionamientos y de posturas. Incluso no sabemos si se va a incluir el tema de tribunales locales electorales. Hay muchas voces; hay quienes quieren suprimirlo, hay quienes quieren mantenerlo, pero no hay una línea política aún de definición sobre ese tema”.
Si alguien pudiera leer entre líneas, diría que estos juzgadores tienen sus días contados al frente de los tribunales electorales.
El magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, José Jesús Hernández Rodríguez, comentó que los tribunales electorales locales son una expresión del federalismo judicial. Estos permiten que cada entidad ejerza su autonomía en la administración de justicia electoral.
Su permanencia refuerza la legitimidad del federalismo cooperativo y evita el riesgo de una justicia electoral centralizada y distante. La existencia de tribunales locales desconcentra la carga jurisdiccional del sistema nacional.
Añadió que la existencia de un federalismo judicial-electoral con autonomía, la pluralidad en la tutela de los derechos político-electorales, desconcentración y eficacia judicial, estabilidad democrática en las entidades federativas, una justicia cercana, con acceso efectivo, con inmediatez y legitimidad social, requieren de la presencia de los tribunales electorales locales, por ser el primer eslabón en la cadena de impartición de justicia electoral en el país y el vínculo inmediato con la ciudadanía.
Tiene toda la razón el magistrado, pero cuando se trata de mantener el poder a toda costa, no hay argumentos jurídicos válidos.