Después de unas semanas muy malas para la presidenta Claudia Sheinbaum y el proyecto político que representa, y tras los asesinatos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo, que pusieron a Michoacán en ebullición política y social, cobró fuerza la iniciativa ciudadana “La Sombreriza”, que pretende en 2027 ejercer un voto de castigo ante la ola de violencia.
El obradorato decidió adelantar la revocación de mandato que debería realizarse en 2028 para compaginarla con las elecciones intermedias de 2027 (renovación de la Cámara de Diputados Federal, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y las alcaldías de 30 estados).
En estas elecciones también se elegirá a 850 juzgadores, lo que permitirá poner a la jefa del Ejecutivo Federal en la boleta electoral para justificar su participación en las campañas políticas.
Con este Frankenstein electoral pretenden Morena y rémoras mantener la mayoría calificada en la Cámara baja. Al mismo tiempo, buscan asegurar el control en casi todas las entidades del país. Además, buscan fortalecer a Claudia Sheinbaum en una especie de plebiscito con la revocación de mandato, en donde se preguntará a la ciudadanía si desea que la mandataria continúe en su cargo.
La jugada del obradorato tiene sus riesgos porque, si la inercia de descrédito que ha tenido la doctora en los últimos días se mantiene, podría darse el caso de que la población se vuelque en las urnas para quitarla del puesto.
El oficialismo tiene los órganos electorales totalmente cooptados, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a casi todo el Poder Judicial, lo que significa que la oposición debe tener la capacidad de convocatoria suficiente para arrebatarles el poder.
No hay que olvidar que también viene la reforma electoral que cocina Pablo Gómez y en esta se cierran totalmente las puertas para que se concrete la alternancia en el poder, en virtud de que se eliminarán los espacios de representación proporcional en el Congreso.
El objetivo es que los opositores se queden sin senadores y diputados. Además, se buscará reducir las prerrogativas, acotar las campañas políticas, el financiamiento público y privado, entre otras acciones para instaurar el obradorato por varias décadas.
Desde San Lázaro, la mayoría de Morena y aliados se preparan para aprobar la reforma constitucional en esta semana que empatará la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027 y con ello obedecer la propuesta original de López Obrador.
La intención es reformar el artículo 35 de la Constitución para llevar a cabo la consulta sobre la revocación de mandato en 2027 y con ello permitir que la presidenta irrumpa en los comicios intermedios con toda la fuerza del Estado.
Si de por sí el INE está disminuido en sus capacidades operativas y cooptado por la 4T, ahora se le viene la organización de las elecciones más grandes de su historia con tres tipos de elecciones. Estos son la revocación de mandato, la de los partidos y las judiciales, y con un presupuesto acotado.
Pues en menudo lío estarán, pero eso qué importa si al final del día lo relevante para el oficialismo es que arrasen en los comicios con el descarado apoyo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ante un electorado apático y desinteresado en las elecciones, lo cual quedó demostrado en el pasado proceso electoral de los juzgadores, en donde hubo un nivel de abstención de 90 por ciento.
¿Qué se podrá esperar en el 2027 con tantos candidatos (miles) y un número progresivo de boletas electorales con la elección judicial?
En 2027, la 4T se preparará para “despacharse con la cuchara grande”. Primero, buscarán ratificar a Claudia Sheinbaum en su cargo. Segundo, intentarán mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, contando para ello con el Tribunal Electoral. Tercero, planean ganar todas las gubernaturas en juego y, además, encumbrar a 850 juzgadores afines al Poder Ejecutivo, acompañados por la música de los acordeones.
Mientras que el país se cae a pedazos con la creciente violencia e inseguridad que se enquista en todo el territorio nacional, la inminente recesión económica y el alejamiento de las inversiones imposibilitan la creación de nuevos empleos formales. Además, impiden que el país tenga más ingresos por la vía de impuestos.
El gobierno de la 4T se enfoca, como ha sido desde hace siete años, en el control electoral que lo mantendrá en el poder.