Por más que estiren la cobija, no alcanza para cubrir todas las necesidades que se tienen para establecer un marco mínimo de inclusión social que tiene que ver con revertir la pobreza y la marginación en la que viven más del 60 por ciento de los mexicanos.
Los ingresos del Estado y la nueva deuda pública cubrirán el Presupuesto de Egresos 2026. En este presupuesto, los intereses de la deuda representan más del 10 por ciento del total, que equivale a 1.7 billones de pesos.
Los próximos días en la Cámara de Diputados será discutido, primero en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y luego en el Pleno, el dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.
Se advirtió que se reducirá el presupuesto al Poder Judicial, al INE, al Tribunal Electoral, entre otras cosas, y que, a decir de Ricardo Monreal, “la reasignación de 17 mil millones de pesos se destinará a cuatro rubros fundamentalmente: educación, infraestructura, medio ambiente y cultura”.
El pastor del rebaño de legisladores de la 4T dio a conocer que ya comenzó el trabajo legislativo de la Cámara de Diputados en materia presupuestal. De hecho, los grupos parlamentarios y los miembros de la Comisión de Presupuesto ya tienen la propuesta del gobierno y se aprestan a expresar sus comentarios sobre el tema.
Como se aprecia, se mantienen dos posturas encontradas entre el oficialismo y los opositores, ya que los primeros señalan que el presupuesto cubre las necesidades más acuciantes que agobian a la población y que el endeudamiento es responsable y corresponde al nivel del desarrollo económico del país.
Por su parte, los opositores critican que es un presupuesto electoral, por esta razón es mal gastado y que se ha condenado a los mexicanos y a futuras generaciones a pagar una deuda asfixiante.
Pues se destina al gasto corriente, rescate de Pemex y, por supuesto, a pensiones, participaciones federales e intereses de la deuda, el fondeo de los programas sociales y de las obras faraónicas que dejó López Obrador.
Si se combatiera el huachicol fiscal, el gobierno federal tendría por lo menos 600 mil millones de pesos más para, por ejemplo, apoyar a los damnificados por las lluvias torrenciales que azotaron a cuatro entidades del país. También podría terminar con el desabasto de medicamentos y atenuar la crisis presupuestal que asfixia la operatividad del sector salud en todos los niveles de atención.
Mientras la Cámara baja se prepara para discutir el Presupuesto 2026, en la colegisladora concluyeron el proceso legislativo de cuatro leyes importantes: la Ley de Derechos, IEPS, Código Fiscal de la Federación y Ley de Ingresos. En estas leyes se mantiene un presupuesto de 10.1 billones.
A partir de la próxima semana, los diputados federales se acuartelarán para que en cinco días (el lunes hay reunión de las comisiones, el martes se empieza la discusión en lo general, miércoles en lo particular, jueves y viernes, para concluirlo) aprueben el Presupuesto. No sin antes darse hasta con la cubeta entre morenistas y rémoras contra panistas, emecistas y priistas.
Ciertamente, las sesiones del Pleno serán agotadoras, ya que se espera que en la discusión en lo general del proyecto del Presupuesto va a haber tres rondas, lo que significa que en lo particular habrá cientos de reservas.
Seguramente habrá reasignación de algunas partidas presupuestarias; en ese sentido, Monreal advirtió que el Poder Legislativo queda igual, no tiene ningún aumento; en primera instancia se había planteado un 3 por ciento más, pero queda igual que este año; lo mismo ocurrirá con el Senado.
Ante la amenaza presidencial de reducir el número de diputados y senadores con la reforma electoral que ya se cocina en Palacio Nacional para el próximo año, sería un despropósito que todavía los legisladores se aumentaran el sueldo.
En el caso del presupuesto a la Defensa Nacional, se vislumbra un aumento, ya que se le traslada el recurso de la Guardia Nacional y este a su vez se le quita a la Secretaría de Seguridad; “por eso el aumento del 17 por ciento”.
Llama la atención que, en materia de seguridad pública y erradicación de la violencia, no corresponde el discurso de la presidenta de atender el tema con la etiquetación de recursos presupuestales, lo que significa que promesas que no se acompañan con el presupuesto etiquetado son pura demagogia.