El añejo debate en México sobre la eutanasia tiene implicaciones legales, éticas, morales, religiosas, familiares e incluso políticas y, por supuesto, la voluntad última de los enfermos.
Su debate y aprobación en el Congreso deben encontrar un punto medio, incluso por encima de innumerables consideraciones que dejan de lado el dolor insoportable de los enfermos y la falta de razones para vivir debido a un daño irreversible en su salud que se alarga con ayuda médica y tecnología. O, de plano, por el deseo indeclinable de morir.
Hace unos días, diversas organizaciones activistas entregaron al Senado de la República —en particular a tres legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano y PRI, menos al PAN— la propuesta sobre la “Ley Trasciende”.
La iniciativa cambia varios artículos de la Ley General de Salud que prohíben la eutanasia, que se define como homicidio por piedad, y el suicidio asistido, según el Código Penal Federal.
En la Ley Trasciende se agrega el artículo 166 Ter para establecer el derecho a la eutanasia en México.
Esto asegura que las personas con una enfermedad terminal o una enfermedad crónica grave que no tiene cura puedan acceder, si así lo desean, a medicamentos que les permitan morir de manera anticipada y sin dolor.
Para la presentación de iniciativas ciudadanas, la Constitución establece en su artículo 71 que al menos 0.13% de los ciudadanos registrados en la lista nominal electoral podrán presentar propuestas para reformar las leyes.
En este contexto, los activistas señalaron que alrededor de 130 mil personas los apoyaron y para ello entregaron nombres, credencial electoral y firma de ellos. Esto implica que han cumplido con el ordenamiento legal en la materia porque superaron el umbral de las 129 mil 942 firmas que exige la Carta Magna.
Ahora el INE realizará la verificación correspondiente y, dentro de un plazo no mayor a 30 días naturales, emitirá los resultados de la verificación y, si está todo en regla, continuará la iniciativa rumbo al Congreso para ser discutida y, en su caso, aprobada.
Como se aprecia, se requiere para su aprobación la voluntad política de la presidenta de la República.
No porque sea un requisito legal, sino porque el tema tiene tantas aristas políticas y sociales que necesariamente los legisladores de Morena, PT y PVEM requieren de la línea presidencial para votar a favor o en contra de la eutanasia.
Como están las cosas en este momento, se vislumbra que se pueda dar luz verde para la aprobación de la Ley Trasciende y con ello equipar la legislación en la materia con otras existentes en el mundo occidental.
Veremos un debate ensuciado por atavismos, dogmas religiosos, ignorancia y posturas políticas; sin embargo, el reclamo social por la aprobación de la eutanasia es una realidad que se debe atender de inmediato.
El principal partido de oposición, el PAN, se ha pronunciado reiteradamente contra la eutanasia por considerarla atentatoria contra sus principios ideológicos y plataforma política; en contraparte, el oficialismo, por su agenda progresista, Movimiento Ciudadano e incluso el PRI ven con buenos ojos su aprobación.
Por ello decimos que la bandera política de estar a favor o en contra de la eutanasia pasa por el crisol político-electoral.
El investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diego Valadés, ha comentado que es previsible que, en el curso de los próximos lustros y máximo en las siguientes décadas, en la mayor parte del mundo este derecho sea regulado y garantizado para quienes deseen acceder a él.
Permitir la muerte médicamente asistida “empodera a las personas, porque nadie debe usarla si no quiere y ningún médico está obligado a aplicarla.
Es una ley que respalda las libertades de todos”, advirtió Asunción Álvarez del Río, profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Desde los 17 años, Samara Martínez Montaño ha enfrentado diagnósticos de diferentes enfermedades, entre ellas, lupus e insuficiencia renal crónica, que hoy padece en etapa terminal.
Su experiencia la ha llevado a defender la muerte digna y a impulsar el proyecto de Ley Trasciende, para legalizar la eutanasia en México.
Ella impulsa y comanda el movimiento por la Ley Trasciende. “Mi iniciativa surge después de que médicamente lo intenté todo”, dijo.
“Me dijeron que voy a depender de una máquina de por vida; sentí que me arrebataban parte de mi autonomía y pensé en hacer algo por quienes sufrimos en silencio y buscamos trascender de la forma más humana”, explicó Samara Martínez.