Entre las acusaciones de trabajadores disidentes del Sistema Nacional Anticorrupción contra Adán Augusto por un desvío de 800 millones de pesos cuando fue gobernador de Tabasco.
El pádel de Cuauhtémoc Blanco, el asesinato del líder limonero de Apatzingán, quien recibió un balazo en la cabeza tras ser torturado. La licencia de Fernández Noroña y el anuncio de la secretaria de Energía, Luz Elena González, sobre nuevas inversiones en campos estratégicos, marcan otra semana con sucesos sangrientos, otros chuscos, algunos contradictorios y otros con violaciones al orden constitucional.
El asesinato del líder limonero Bernardo Bravo se convirtió en un suceso de gran impacto mediático, incluso a nivel internacional. El empresario corrió la misma suerte de su padre, ante la vista impasible del gobierno federal, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Lyssette Arreola Pichardo, todos de corte morenista.
Este hecho representa otra señal ominosa de que el gobierno mexicano es incapaz de garantizar la vida de los ciudadanos. No solo de aquellos que se enfrentan al crimen organizado, sino de cualquier persona que tiene la mala suerte de cruzarse con algún delincuente que se siente con todo el derecho de privarle de la vida, porque sabe que su crimen quedará impune.
La normalización de la violencia habla de un gobierno rebasado y sometido por los criminales que ratifica la versión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que en México domina en buena parte del territorio nacional el crimen organizado.
En otro asunto, la secretaria de Energía, Luz Elena González, parece que vive en otro país que no es México. Al hacer un llamado a inversionistas para que apuesten por traer su capital a territorio mexicano, parece que ignora que, mientras prevalezca la incertidumbre por la política arancelaria de Donald Trump y un endeble Estado de derecho, los empresarios no apostarán por invertir en nuestro país.
El gobierno tiene todas las canicas para someter a los empresarios; por ejemplo, cuando haya una controversia por el pago de impuestos o de expropiaciones con sustento en “visiones estatistas de interés público”.
En el caso de un litigio contra el Estado, ningún juez federal dará la razón a los privados, y el amparo, diseñado para proteger al Estado, no los protegerá.
Quiero ver cuántos de esos proyectos se cristalizan y cuántos de esos 7 mil 140 millones de dólares ingresarán realmente al término del sexenio.
El mentiroso por su boca muere y así ocurrirá en este tema. El tiempo nos lo dirá. Las declaraciones quedan grabadas y ante ello no habrá pretexto alguno.
Por otro lado, cabe mencionar el hartazgo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la mañanera al ser cuestionada sobre el caso del diputado “irresponsable” Cuauhtémoc Blanco, quien fue captado jugando pádel mientras participaba vía virtual en una reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. La presidenta dijo: “No es un tema en el que tenga yo que estar opinando”.
Otro prietito en el arroz fue la licencia temporal que solicitó el senador Gerardo Fernández Noroña para viajar a Palestina y apoyar la causa, con un boleto de avión que le regaló, a decir del legislador, el gobierno de Emiratos Árabes Unidos.
Ambos legisladores de extracción morenista son el prototipo de la deshonestidad, la farsa y la simulación. Toda vez que cobran un salario como representantes populares sin desquitarlo. Lo más grave es que se pasan por el arco del triunfo las leyes que regulan el comportamiento de los servidores públicos.
El exfutbolista, al desdeñar su responsabilidad al privilegiar una actividad lúdica en vez de la tarea legislativa; y el otro, al ignorar que cualquier regalo que reciba un servidor público que rebase dos salarios mínimos debe rechazarlo, so pena de recibir sanciones que, incluso, ameritan castigos de orden penal.
Si es verdad la versión de Noroña de que se trata de un presente (un boleto de avión que cuesta más de cien mil pesos) de un gobierno extranjero y que ya lo aceptó, pues implícitamente reconoció que es un transgresor de la ley.
Por ello, tanto la Auditoría Superior de la Federación, en donde cobra como director general (ASF), David Colmenares, como la Fiscalía General de la República (FGR), deben tomar cartas en el asunto.
Y sigue la mata dando con la desacreditación cotidiana del oficialismo.