Qué tiempos aquellos en los que México crecía en promedio un 2% anual del PIB. No porque fuera muy positivo, sino porque ahora con la 4T no se llega ni al 1% (con López Obrador 0.9% y con Sheinbaum 0.7%).
Como están las cosas, el promedio de crecimiento económico del PIB en el sexenio de la presidenta no rebasará el uno por ciento. Esto es grave si consideramos que los márgenes de pobreza y marginación son superiores al 60 por ciento de la población.
Las mentiras de AMLO en torno al crecimiento del PIB en su administración NO se pudieron sostener ante la cruda realidad, por lo que decidió que la medición del PIB no era suficiente y por eso propuso un índice alternativo para evaluar el bienestar, el crecimiento, la desigualdad social y la felicidad del pueblo, aunque con esto no pudo contener la crisis económica; al contrario, la profundizó con sus medidas populistas de izquierda.
El estancamiento económico que enfrenta nuestro país en este momento se debe a varios factores, tanto externos como internos, que impiden el crecimiento y la creación de empleos formales, así como a lograr niveles aceptables en la política social.
La política arancelaria impuesta por el presidente Donald Trump y el riesgo que corre la renegociación del T-MEC son parte de esos elementos exógenos que comprometen el crecimiento nacional.
Y si a ello le agregamos que el gobierno estadounidense no quitará el dedo del renglón en el combate a los narcoterroristas mexicanos. Mientras tanto, el gobierno de la 4T no demuestra con hechos que va en serio su lucha contra los cárteles de la droga y sus cómplices incrustados en los tres niveles de gobierno. Pues seguirán las represalias comerciales y de otro tipo contra México.
En el escenario nacional, el oficialismo se dio un balazo en el pie con la elección de jueces y ahora con la aprobación de la nueva Ley de Amparo, que han vulnerado el Estado de derecho y comprometido la inversión por la desconfianza que prevalece ante la incertidumbre jurídica, en donde las leyes protegen al Estado por encima de los ciudadanos y de las empresas.
No existen garantías constitucionales para que los inversionistas defiendan su patrimonio ante intentos de expropiación o de cobros desmesurados e injustos de impuestos.
Todos los países con crecimiento económico relevante consideran la inversión pública y privada. Por lo tanto, el gobierno actual difícilmente revertirá la falta de inversión nacional e internacional con el diseño actual del Poder Judicial y la Ley de Amparo, ni inhibiendo la participación del capital privado en sectores estratégicos.
Cuando los grandes capitales observan que los órganos jurisdiccionales no son autónomos ni independientes del Poder Ejecutivo, como sucede incluso con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prefieren voltear hacia otras latitudes en donde el Estado de derecho sea robusto y se respete como la piedra angular de todo el sistema político y social.
En una entrevista con El Sol de México, José Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE, aseguró que se extrañan esos niveles de crecimiento del PIB de por lo menos 2 por ciento anual en la economía nacional. Ahora no se alcanzan, dijo, porque la inversión privada y pública ha dejado de fluir como a principios de este siglo.
Una cosa son las mentiras de la mañanera en torno a que la economía va muy bien, y otra, totalmente distinta, ver la cruda realidad que subraya el hecho del estancamiento económico por el que transita nuestro país.
Como van las cosas, estamos caminando en la línea tenue entre el estancamiento y la recesión económica.
Ahora, con la aprobación de la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados, se espera que para el próximo año se fortalezca el déficit fiscal con la contratación de deuda de 1.5 billones de pesos.
Esto coloca a la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum como la que más ha endeudado al país, luego de que el récord en este rubro lo tuviera López Obrador.
Mientras la presidenta no corte el cordón umbilical que la ata con su mentor tabasqueño y dé un golpe de timón con una nueva estrategia económica en donde considere a la iniciativa privada como aliado relevante y establezca condiciones jurisdiccionales para la seguridad jurídica de sus inversiones.
No habrá poder humano que pueda sacar al país del decrecimiento económico.