Fundada preocupación existe en Palacio Nacional ante las señales ominosas que están ocurriendo en la capital del país. Esto se debe a la violencia que sucede en el bachillerato, en particular en los CCH y preparatorias y, por supuesto, en el nivel superior de la UNAM. Además, el IPN vive en su dinámica social muy particular un caldo de cultivo para generar violencia.
Las llamadas anónimas sobre la existencia de artefactos explosivos en diversos campus de la máxima Casa de Estudios y los grupos violentos que se manifestaron en la marcha conmemorativa del 2 de octubre son alertas que vislumbran la gestación de una eventual estrategia de desestabilización. Esto ocurre ante la pasividad y complacencia de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Este clima de tensión sucede a unos meses de la celebración del Mundial de Futbol, en el cual participarán México, Estados Unidos y Canadá. El magno evento inaugural se llevará a cabo en la CDMX, así como otros cuatro partidos de la justa futbolera.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no solo debe estar preocupado y ocupado ante la incapacidad de Clara Brugada por gobernar la metrópoli. También debe preocuparse por esos atisbos de violencia que se dejan ver en varios campus universitarios y de bachillerato que parecieran ser hechos aislados.
Sin embargo, en realidad parecen ser actos articulados por alguien que actúa bajo la consigna del terrorismo para la desestabilización social.
Las áreas de inteligencia del gobierno deben tener en estos momentos información suficiente sobre la mano que mece la cuna en torno a estos últimos sucesos que han ocurrido en la capital del país.
Por ejemplo, la infiltración del bloque negro pro-Palestina en la manifestación del 2 de octubre, donde pretendía replicar la violencia que se vivió en 1968. Sin embargo, la policía capitalina los puso en orden y ello no significó que el gobierno fuera represivo, sino tan solo garante de la seguridad y el respeto al Estado de derecho.
Los gobiernos federal y local deben estar muy atentos para medir el pulso social que prevalece entre los mexicanos, por lo que la presidenta Sheinbaum debe evitar seguir incendiando la pradera con discursos de odio que fomentan la polarización entre los mexicanos.
Más allá de las expresiones psicológicas y de exclusión que permean en la juventud y que dan pie a manifestaciones sociales de pertenencia a determinado grupo con rasgos de personalidad muy parecidos a los “Incels”, las autoridades de la UNAM y del gobierno capitalino enfrentan altos niveles de violencia entre los estudiantes. Si no se atiende con prontitud, esto podría ser el caldo de cultivo para escalar el conflicto a niveles insospechados, recordando el movimiento del 1968.
Como mera especulación surge la interrogante: ¿quién podría estar interesado en desestabilizar a México?, cuya respuesta en automático podría ser el mismo crimen organizado, quien, afectado en sus intereses, aplica una contraofensiva contra la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum y operada por Omar García Harfuch.
Mientras no se deslinden responsabilidades y se esclarezca el móvil y los autores intelectuales de los asesinatos de los dos colaboradores más cercanos de Clara Brugada, se tejen todo tipo de especulaciones.
Las autoridades universitarias y capitalinas están rebasadas ante el fenómeno de la violencia, por lo que deben aplicarse para atender esta problemática que ya causó pérdidas humanas y que, de seguir así, estaríamos lamentando otras tantas.
La niñez y la juventud están expuestas ante toda clase de peligros. Ahora más que nunca, con la aparición de drogas sintéticas muy adictivas y al alcance de todos. Si a ello le agregamos el ambiente violento que se vive en la calle y en las escuelas, además de la presencia del crimen organizado y otros grupos de enorme poder económico que los acechan, pues en menudo lío está el país.
El gobierno capitalino enfrenta un problema de autoridad ante los actos violentos registrados en marchas y manifestaciones, al tiempo que se normalizan las agresiones contra la policía.
Los hechos violentos ocurridos en la CDMX han puesto en evidencia la escasa preparación que tuvieron las fuerzas del orden para preservar la seguridad. Carecieron de órdenes claras de operación, esquemas de maniobra definidos y equipos especializados para extraer a quienes generen violencia durante las protestas.
Los protocolos de actuación de la policía y de las autoridades capitalinas como César Cravioto, secretario general de Gobierno, encubrieron la incapacidad para atender la violencia y los actos vandálicos que se dan en este tipo de movilizaciones al amparo y cobijo del cúmulo de participantes.