La marcha del 2 de octubre en la capital del país puso en evidencia, una vez más, que la gobernabilidad de la CDMX pende de alfileres. Toda vez que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, carece de la sensibilidad política y de los sistemas de inteligencia adecuados para detectar y enfrentar movilizaciones violentas. Al mismo tiempo, soslaya los ataques del crimen organizado contra funcionarios públicos y, por supuesto, contra la ciudadanía.
Los transgresores de leyes que violentaron la marcha del 2 de octubre tenían como consigna ‘madrear’ a los policías y a cualquiera que se les pusiera enfrente. Además de saquear comercios y joyerías, sabían que esa tarde-noche los cuerpos policiacos estaban maniatados por órdenes superiores que pidieron tajantemente no responder a las agresiones. No obstante, que estas pusieran en riesgo sus vidas, tal como ocurrió con casi un centenar de uniformados que resultaron lesionados. Entre ellos, 16 policías que permanecen hospitalizados y en cuidados intensivos.
Clara Brugada no tiene la capacidad para gobernar la metrópoli, en virtud de que diversos sucesos la han rebasado, como el asesinato de sus dos colaboradores más cercanos, lo que implica que el crimen organizado mantiene el control en buena parte del territorio capitalino.
El percance mortal de la pipa en Iztapalapa es otra ominosa señal de cómo la autoridad es laxa en eso de establecer controles en la circulación de unidades móviles que son una bomba de tiempo.
El gobierno capitalino no está preparado para enfrentar temas de emergencia o de violencia y menos detectar con anticipación conflictos potenciales que atentan contra la paz social y la misma gobernabilidad.
La manga ancha que tiene Clara Brugada ante movilizaciones dizque estudiantiles que han destrozado, por ejemplo, instalaciones de la UNAM, tiene más que preocupada a la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que ya conformó una comisión de trabajo presidida por Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación; Omar García Harfuch, titular de la SSC; y Alejandro Gertz Manero, Fiscal General, para evitar que sucesos violentos como el del 2 de octubre no vuelvan a ocurrir en el futuro, además de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades de la propia jefa de Gobierno capitalino y de diversos liderazgos de Morena en la capital del país.
Las imágenes de los actos vandálicos en la Ciudad de México, en donde se aprecian elementos policiacos ardiendo en llamas o el derribo de cortinas para saquear joyerías y otros establecimientos, aparecieron en los principales diarios del mundo en la víspera de la inauguración del Mundial de Futbol, que se celebrará en la capital del país dentro de 10 meses. Con esto surge la real preocupación de si México está preparado para organizar este tipo de eventos que congregan a millones de aficionados con una cobertura internacional de medios de comunicación.
De hecho, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado en más de una ocasión que le gustaría que el partido inaugural fuera en ese país y no en el estadio Azteca por el riesgo que representa para la seguridad de los asistentes.
Subestimar al grupo de criminales que marcharon el 2 de octubre, esbozados y con la consigna de sembrar el caos, infiltrados en la manifestación conmemorativa por los funestos acontecimientos de octubre de 1968, implica una grave responsabilidad para la jefa de Gobierno y su secretario, César Cravioto. Ellos enviaron a 500 elementos a resguardar el orden sin suficiente preparación, mientras que en un partido de futbol de fin de semana comisionan alrededor de tres mil policías.
Dicen ellos que no son un gobierno represor. Por ello, a los grupos que son afines a la 4T los dejan realizar actos vandálicos. Pero que no se trate de movilizaciones opositoras al régimen. Allí sí mandan toda la caballería para apaciguar a los revoltosos, como a los padres de niños con cáncer, las madres de desaparecidos o el movimiento feminista.
Hay que decirlo con todas sus letras: una cosa es evitar provocaciones que puedan desencadenar conflictos mayores y otra, resguardar a la ciudadanía y su patrimonio de actos criminales que, incluso, atentan contra su vida.
Resulta absurdo, por decir lo menos, que luego de las imágenes que registraron los rostros de los delincuentes que prendieron fuego a policías y agredieron a reporteros y encargados de establecimientos comerciales, solo hayan detenido a una persona.