En aras de mantener un amplio y avasallador control sobre el Poder Judicial y del andamiaje jurídico, en donde la figura del amparo es la piedra angular que tienen los ciudadanos para defender sus derechos, ahora se alistan con las reformas a la Ley de Amparo a dejar en total indefensión a los quejosos ante una acción de la autoridad, como por ejemplo, una expropiación, congelación de cuentas bancarias o imponer multas y sanciones derivadas de un supuesto adeudo fiscal.
Con la reforma al amparo, se logra consolidar el régimen autoritario en detrimento del desarrollo del país, en virtud de que los inversionistas no tienen la certeza jurídica de que sus inversiones no solo sean rentables, sino que se mantengan protegidas por el Estado de derecho de México.
Sin un Estado de derecho robusto, no hay forma de que los grandes capitales busquen invertir en México ante la vulnerabilidad de su patrimonio y, sobre todo, al carecer de recursos legales ante el mismo Estado para defenderlos.
El quid del asunto, desde la óptica del oficialismo, es establecer un mecanismo en el juicio de amparo que impida cualquier defensa de los ciudadanos ante acciones de la autoridad que buscan “preservar el interés social o disposiciones de orden público”, particularmente en materia administrativa y fiscal o de otro tipo como cancelar concesiones.
La figura del amparo, tal como se conoce al día de hoy, es el último bastión jurisdiccional para frenar los abusos e injusticias contra un ciudadano o un ente empresarial; empero, ahora está por ser destruida por la 4T con la reforma que se discutirá en los próximos días en el Senado, tal como ha sucedido con el Poder Judicial y que se refleja en la inoperancia de los tribunales, en donde han sido nombrados los juzgadores del oficialismo.
El amparo en nuestro país es un recurso legal, o juicio, que protege los derechos humanos y las garantías constitucionales de las personas frente a actos u omisiones de autoridades o particulares que los violen. Es un medio de control de la constitucionalidad de las leyes y de un instrumento fundamental para garantizar el respeto a la Constitución y a los tratados internacionales, restituyendo a los gobernados en el goce de sus derechos.
El amparo revisa la legalidad de los actos y reconstruye el tejido social al permitir que los individuos se reconozcan como sujetos de derechos y exijan respeto; el amparo contribuye a la estabilidad social.
El Colegio de Abogados mostró su gran preocupación por la propuesta de reforma de amparo, ya que considera que sería un retroceso histórico en el acceso a la justicia, el litigio estratégico y la defensa de los derechos humanos en México.
Dicen los litigantes agrupados en este organismo que rechazan de manera contundente esta iniciativa y formulan un enérgico llamado al Congreso de la Unión para frenar la reforma regresiva, con el firme propósito de preservar al juicio de amparo como el medio de defensa más efectivo frente al poder y asegurar que siga cumpliendo su función histórica de salvaguardar los derechos fundamentales y la democracia.
Las tajantes limitaciones al interés legítimo que incorpora la iniciativa presidencial, elaborada por Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy, pretenden erosionar la eficacia del juicio de amparo y obstaculizar el acceso a la justicia de millones de mexicanos. La iniciativa, dice el Colegio de Abogados, confunde de manera catastrófica la naturaleza del interés legítimo, el cual fue diseñado para permitir el acceso al amparo a quienes, por su situación frente al orden jurídico, resienten una afectación real que puede proyectarse hacia el futuro, pero que sigue siendo cierta, pretendiendo equiparar dicha naturaleza a la del interés público.
No es menos alarmante el debilitamiento de la institución de la suspensión (amparo) —como medida cautelar por excelencia—, pues la iniciativa pretende nulificar su otorgamiento en casos de enorme relevancia para los gobernados. Invocando un supuesto “interés social”. La iniciativa busca blindar al Estado frente al control constitucional.
Es decir, con el amparo de la 4T se busca proteger al Estado y no a los ciudadanos.
Lo anterior contraviene directamente el artículo 107 constitucional y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resultando en una profunda regresión en la protección de los derechos humanos y siendo incompatible con el artículo primero de la Carta Magna.
Advierten los abogados que callar frente a la erosión del juicio de amparo sería abdicar de su función esencial: defender el Estado de derecho, los valores que los representan como colegio y garantizar que la justicia permanezca al alcance de todas las personas.