Bien por el operativo coordinado entre varias dependencias del gobierno federal para combatir el huachicoleo fiscal, que no solo dejó al descubierto el enorme boquete en las finanzas públicas (200 mil millones de pesos y contando), sino también la participación de altos mandos de la Marina que han manchado a esa institución. Aunque una golondrina no hace verano, esto ha afectado la confianza y credibilidad de la institución, especialmente porque en la maquinaria de la delincuencia organizada participaron dos sobrinos del secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, durante el gobierno de López Obrador.
Mal, porque se intenta proteger al tabasqueño y nada menos que a Ojeda Durán.
El tamaño del huachicoleo, en donde no solo se movieron barcos, sino también vagones-tanques, pipas, almacenes e incluso minirefinerías, requiere no solo de la participación de Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías, sobrinos de Ojeda, sino también de funcionarios de altísimo nivel que abrieron las aduanas y que posibilitaron que los buques y vagones de carga de ferrocarril y toda la logística para mover cantidades gigantescas de hidrocarburos por todo el norte del país se movieran a sus anchas.
Para que entendamos la capacidad de estos criminales en traficar gasolinas y diésel sin que nadie se percatara de ello, solo hay un ente público que puede realizar este tipo de tránsito de combustibles y es Pemex, y fuera de la petrolera, no existe la posibilidad de que se pudiera operar a gran escala este nivel de fraude fiscal y tránsito de combustibles.
La verdad, todo apesta y si no fuera por la visita de Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, seguiríamos creyendo que el huachicoleo ocurre por obra del Espíritu Santo.
Debería venir más a México uno de los principales colaboradores del presidente Donald Trump para que sigan las acciones contra la delincuencia organizada y sus cómplices incrustados en altas esferas del gobierno.
Las implicaciones políticas representan un golpe a la línea de flotación de la 4T y al proyecto político de AMLO, porque este enorme acto de corrupción se generó en el corazón de su administración.
Con minimizar el caso no se logrará deslindar a López Obrador y al mismo Rafael Ojeda.
Los empresarios involucrados no hubieran podido por sí solos echar a andar uno de los mayores casos de corrupción a nivel de escándalo mundial de la administración de AMLO, sin la colaboración de funcionarios cercanos al presidente de la República.
Andrés Manuel López Obrador se llenaba la boca con insistir que ya se había acabado el huachicol, cuando en realidad ocurría toda una operación de Estado para traficar el combustible proveniente de Estados Unidos de forma clandestina y de la misma ordeña de los ductos de Petróleos Mexicanos.
Es un tema de corrupción del gobierno de AMLO y todo lo demás que haga su sucesora solo alienta y confirma más esta versión.
Apenas se abrió la caja de Pandora por parte de la Fiscalía General de la República sobre la red del huachicoleo fiscal y ya hay tres mandos de la Marina muertos, y eso apenas es la punta de la madeja de todo lo que representa el fraude contra el fisco y el trasiego ilegal de combustibles.
La primera muerte fue la del contralmirante Fernando Guerrero, asesinado el 8 de noviembre del año pasado en Manzanillo, Colima. Como director general de Recaudación de Aduanas, había entregado al secretario de Marina, Rafael Ojeda, una carta en la que denunciaba los actos de corrupción que se cometían en las aduanas, con nombres y apellidos; sin embargo, no hubo pesquisa alguna para ratificar la información proporcionada y lo que sí ocurrió fue el asesinato de Guerrero y el ascenso de Manuel Farías a vicealmirante y de su hermano a contralmirante.
El 21 de octubre del año pasado, asesinaron en Colima a Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar B de la delegación de la FGR. Las mismas autoridades federales relacionaron ambos asesinatos con la carta citada.
Ayer se supo del suicidio de Abraham Jeremías Pérez, titular de la Unidad de Prevención Portuaria de Altamira, mencionado por el testigo protegido, el capitán Alejandro Torres Joaquín, como parte del grupo de integrantes de la Marina que había recibido sobornos para dejar desembarcar el huachicol fiscal.
El día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum y el fiscal Gertz Manero aseguraron que el suicidio de Jeremías Pérez no tiene nada que ver con el caso y que fue por razones personales.
Cuando pensábamos que el caso de La Barredora, el cártel criminal creado en Tabasco bajo los auspicios de Adán Augusto López, se había cerrado, ahora se devela la placa que apunta con letras de oro el huachicoleo fiscal auspiciado por la 4T.