Ante uno de los fraudes electores más descarados de la incipiente democracia mexicana (el otro fue el despojo de la Presidencia de la República al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se apresta a validar la elección del Poder Judicial del pasado 1 de junio, en donde la música de los acordeones fue unísona para conformar la lista de los nuevos ministros de la Suprema Corte de la Nación, en un fraude electoral mayúsculo que ya fue validado por la mayoría de los consejeros del INE y hoy pasará lo mismo con el voto mayoritario de los magistrados del Tribunal Electoral. Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, aunque se esperan dos votos para invalidar la elección de ministros, el de Reyes Rodríguez y el de Janine Otálora.
El proyecto que presenta hoy el magistrado Rodríguez Mondragón a la Sala Superior de TEPJF sostiene que se debe anular la elección por la distribución de guías de votación (acordeones) que constituyeron propaganda electoral prohibida. Al mismo tiempo, viola los principios constitucionales de legalidad, certeza y equidad en la competencia electoral, además de configurar el uso de financiamiento ilícito. Por ello, propone declarar la nulidad, revocar las constancias de mayoría y ordenar una nueva elección.
La sola mención de la eventual cancelación de los comicios judiciales prendió las alertas rojas en Palacio Nacional. Por ello, los principales operadores políticos de la presidenta Sheinbaum, Rosa Icela Rodríguez y compañía, ejercen marcaje personal sobre los tres magistrados afines al oficialismo (Mónica Soto y los dos Felipes). Esto es para evitar sorpresas o que se les vaya a ocurrir aplicar criterios apegados al orden constitucional y con ello anular la elección de juzgadores. Esto provocaría un sisma en la 4T y en particular en la salud de su creador, Andrés Manuel López Obrador.
El magistrado Reyes Rodríguez sustentó su propuesta en 3,188 acordeones impresos y 374 materiales digitales recolectados como pruebas que demuestran que se diseñó e implementó una estrategia ilícita, coordinada y generalizada para influir en el voto.
Por su parte, la magistrada Otálora presentó un proyecto complementario que incorpora análisis estadísticos del experto Javier Aparicio (CIDE), en los que se destaca que las nueve candidaturas ganadoras a ocupar el puesto de ministro en la SCJN concentraron el 46% de la votación efectiva, frente al 54% repartido entre las otras 55 candidaturas. Señaló que la probabilidad de que los votantes seleccionaran espontáneamente la misma combinación ganadora de los nueve candidatos era “mínima y casi nula”, especialmente considerando la falta de campañas públicas y financiamiento oficial.
Ambos magistrados coinciden en que los acordeones constituyeron propaganda electoral prohibida que violó principios de libertad, autenticidad del sufragio y equidad en la contienda. Sus proyectos proponen, incluso, turnar el caso a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para investigar a los responsables de esta operación.
Los proyectos de nulidad destacan la sofisticación de la operación, con acordeones que incluían datos territoriales específicos y se distribuyeron mediante esquemas complejos.
Rodríguez Mondragón enfatizó en su proyecto que esta operación rebasa la capacidad de acción ciudadana individual y refleja coordinación de actores con conocimiento especializado.
Veamos el caso del personaje que resultó ganador de la presidencia de la SCJN y que ahora sabemos que, a decir de sus amigos, es la reencarnación de Benito Juárez; claro, estamos hablando de Hugo Aguilar, “el ministro indígena”, a quien, antes de la elección, nadie fuera del oficialismo le daba el triunfo en la boleta electoral y menos tener el mayor número de votos que le garantiza la presidencia por dos años del máximo tribunal del país.
Las mismas ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel fueron las primeras sorprendidas del triunfo contundente del oaxaqueño, aunque luego cayeron en la cuenta de que esa fue la línea dictada desde la cúpula de la 4T, léase AMLO.
La nueva Corte, la de López Obrador, llega deslegitimada, sin calidad moral y tampoco con los conocimientos jurisdiccionales suficientes para ganarse el reconocimiento de los especialistas y abogados y, sobre todo, para impartir justicia bajo el orden constitucional. Veremos qué tanto los nuevos ministros van a proceder conforme a la línea tirada desde Palacio Nacional, o de verdad habrá una sorpresa en donde las nuevas ministras y ministros hagan honor a la toga que usarán (aunque Aguilar ya amenazó que no la utilizará) en las sesiones del máximo tribunal.
Hay que decirlo con todas sus letras: el juicio de la historia es contundente y más en asuntos relevantes para la nación, sobre todo en el comportamiento de la SCJN a lo largo de su trayectoria.
Hay un mundo de diferencia entre la SCJN de Norma Lucía Piña Hernández y la de Hugo Aguilar, ya que, mientras una se apegó irrestrictamente a los enunciados de la Constitución, la otra, la que entrará en funciones a partir del 1 de septiembre, llega deslegitimada y en franca precariedad jurisdiccional.