Con las revelaciones que están surgiendo en el caso de Hernán Bermúdez (Comandante H), fiel escudero de Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, extitular de la Segob, excorcholata presidencial de Morena y ahora flamante coordinador del grupo parlamentario del partido en el poder en el Senado, se observa que la influencia delictiva de La Barredora (grupo criminal que comandaba) extendió sus tentáculos a Chiapas y Veracruz, donde los índices delictivos crecieron exponencialmente.
Del actual gobernador de Tabasco, Javier May, viene la persecución contra Adán y Hernán y no solo se trata de un viejo ajuste de cuentas, sino de revelar la connivencia con criminales que no solo trafican drogas, sino que secuestran a migrantes y toda una gama de delitos que incluye el huachicoleo de combustibles.
La Sedena ha registrado el paso delictivo de estos dos personajes y también las agencias de seguridad interior de Estados Unidos.
Paralelamente a este caso en donde converge el poder público con la fuerza del crimen organizado, ocurre que en el sur del Estado de México se hacen operativos contra la extorsión y derecho de piso. Esto sucede en una buena cantidad de los 125 municipios de esa entidad. Se observa que tiene la poderosa influencia de La Familia Michoacana, que controla prácticamente parte de la actividad comercial.
La entidad más poblada del país padece el flagelo que representa el derecho de piso y la extorsión, particularmente en los municipios de relevancia como la capital y los lugares turísticos más emblemáticos del Edomex.
En este caso, la gobernadora Delfina Gómez encabeza la cruzada contra los criminales apoyada por el gobierno federal. Saltan nombres a la palestra de funcionarios públicos de nivel estatal y municipal que están coludidos con los delincuentes. Como se recordará, hace algunos meses se llevó a cabo en ese estado la operación “Enjambre” para atrapar a varios alcaldes que estaban coludidos con los malosos. Ahora está el operativo denominado “Liberación”.
En entidades que gobierna el PAN, como Guanajuato y ahora Querétaro, se lucha contra la delincuencia, calle por calle, por recobrar la paz y la seguridad. Aunque existe plena coordinación entre los tres niveles de gobierno, lo cierto es que todavía no se le pega en el corazón del monstruo de mil cabezas que azota a los habitantes.
De igual manera ocurre en el norte del país, en donde prácticamente en todas las ciudades fronterizas con Estados Unidos existe una gran actividad delicuencial, y qué decir de lo que ocurre en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, que viven un estado de sitio con las luchas entre los cárteles de la droga.
No hay que perder de vista lo que ocurre en Michoacán, Guerrero, Veracruz, Puebla, Jalisco, con sus campos de exterminio; Nayarit, Colima, Baja California Sur y Zacatecas.
La CDMX no es ajena a la actividad criminal, ya que, no obstante el maquillaje de los índices delictivos en delitos como homicidios, feminicidios, robo con violencia, desaparecidos, extorsión y cobro de derecho de piso, la situación está sumamente candente. Para constatar lo anterior, no basta con acudir a las oficinas de las fiscalías ubicadas en las alcaldías, sino que hay que observar la cifra negra de delitos que no son denunciados precisamente porque la instrucción superior es desanimar a los ciudadanos a que formalicen sus denuncias ante las autoridades correspondientes.
Otra actividad criminal auspiciada por las autoridades; se trata de los grupos radicales de Morena que se encargan de patrocinar a los golpeadores que se infiltran en las manifestaciones. Como la que ocurrió el pasado fin de semana, dizque contra la gentrificación, y que vandalizaron instalaciones de la UNAM con la complacencia de las autoridades capitalinas.
Efectivamente, ante la carta blanca que extendió AMLO durante su administración a los criminales con su malograda política de “abrazos, no balazos”, se empoderó a la delincuencia a niveles alarmantes en todo el país. A grado tal que el gobierno estadounidense está preocupado por lo que representa este fenómeno para su seguridad interior. De allí se desprenden las amenazas constantes del presidente Donald Trump hacia su contraparte mexicana con castigos en la imposición de aranceles y sanciones a varios productos mexicanos como el jitomate, ganado y, próximamente, la degradación aérea, entre otras sanciones. Urge que el gobierno de la presidenta Sheinbaum dé un paso al frente.
Después de seis años de inmovilidad contra los criminales, no se puede solucionar el problema en unos cuantos meses. Al contrario, va a tardar varios años para que se empiece a notar entre los ciudadanos el éxito de las operaciones que lleva a cabo Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto incluye todo lo que operan la Sedena y la Marina.
De la Guardia Nacional, diremos que algunos de sus mandos están ya contaminados por la influencia de los malandros y es necesaria la rotación o cese de algunos de ellos.