Desde hace varios días comenzó la desbandada de jueces y magistrados debido a la reforma judicial. Esta alcanzó su punto culminante con la elección de juzgadores el pasado 1 de junio, cuando resultó electa una nueva camada de jueces cuyos méritos jurídicos están en entredicho, aunque no su lealtad a la 4T. Ante el descontento por la reforma judicial de López Obrador y Sheinbaum, empleados e impartidores de justicia adelantan su retiro o presentan su renuncia. Esto implica necesariamente el inicio de la crónica de la destrucción del Poder Judicial.
Los ciudadanos son los directamente afectados por la violación de sus derechos constitucionales debido al resquebrajamiento del sistema jurídico que debería defenderlos ante abusos del poder público y en litigios ante particulares.
Tan solo en lo que va de este año, se han registrado más renuncias que en todo 2024 y, como se observan las cosas, seguirá esta práctica en los próximos días, además de que en una gran parte de estos trabajadores judiciales recae el trabajo especializado que se hace en los juzgados; es decir, el Poder Judicial queda en el peor de los mundos, ya que, por un lado, se va el personal más valioso y, por otro, llegan juzgadores electos que, la amplia mayoría de ellos, no tienen la experiencia ni los conocimientos para impartir justicia bajo criterios de independencia y autonomía con pleno respeto al orden constitucional.
Los cambios a la Constitución en materia de reforma judicial cancelaron el valor de los méritos para ascender a juez o magistrado y se privilegió el voto ciudadano por encima de la profesionalización y especialización.
Aunque se aprobó una nueva Ley de Carrera Judicial que establece que esta continúe, solo aplicará para llegar a ser secretarios y hasta ese nivel llega el ascenso. A este caos se suma el enorme rezago en los juzgados y la falta de personal. En la Ciudad de México, después de un paro laboral de casi un mes por parte de los trabajadores del Poder Judicial, regresaron a sus labores hace una semana. Ahora se preparan para disfrutar de sus vacaciones, y muchos no volverán debido a su finiquito anticipado.
Hay que sumarle a este caos el enorme rezago que prevalece en los juzgados y la falta de personal. Si esto no fuera suficiente para presagiar la tormenta, en la Ciudad de México hay que agregar que, luego de un paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la capital del país, por cerca de un mes, regresaron a sus faenas hace una semana.
Ahora se disponen a gozar de sus vacaciones y muchos de ellos ya no regresarán a causa de su adelantado finiquito. Las acciones y venganzas de un tabasqueño contra los ministros de la Suprema Corte y jueces han dañado gravemente uno de los poderes del Estado, que fue uno de los logros que se establecieron en la Constitución de 1917.
Con una ligereza que asusta, la presidenta Sheinbaum, cada vez que puede, presume de contar con un Poder Judicial democrático, cuando per se debe considerarse como un órgano jurisdiccional que vele por los derechos y obligaciones de todos los mexicanos. No tienen idea del caos que se avecina y que, sin duda, compromete la misma gobernabilidad.
En momentos en que hay que cerrar filas para resistir los embates de Donald Trump, la presidenta avala la destrucción del Poder Judicial y con ello asusta a las inversiones que generan la creación de empleos formales, desarrollo económico e incrementan los niveles de captación de impuestos.
Ningún país del mundo puede crear los empleos que requiere la población sin la participación de la iniciativa privada y menos del capital. Por ello, resulta un sueño guajiro apostarle a un Plan México si se carece de un Estado de derecho robusto y con pleno respeto a la Carta Magna.
Entre los aranceles de Trump y otro tipo de sanciones como el impedimento a ingresar ganado mexicano a Estados Unidos o la medida antidumping contra el jitomate, se enturbia la gestión de la presidenta Sheinbaum. Además, la conformación de un nuevo entramado jurídico para vulnerar los derechos fundamentales y la destrucción del Poder Judicial también contribuyen a esta situación. Ella tiene que enfrentar el estancamiento económico y la recesión.
Los diversos colectivos y observatorios especializados en temas jurídicos han reiterado que cerca del 60 por ciento de las candidaturas que estuvieron en juego el 1 de junio no contaban con carrera judicial. Además, más del 70 por ciento de los aspirantes no tenían especialización en temas claves del derecho.
Si en la actualidad, cualquier individuo o persona moral que tenga la desgracia de dirimir sus diferencias en un juzgado o que pretenda obtener justicia, sabe que será una gran pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. Después de años y amparos, se emite la sentencia respectiva. A partir del 1 de agosto, al menos en la mitad de los tribunales del país, se vivirá un viacrucis muy doloroso.