A pesar de la evidencia sobre la distribución de acordeones para inducir votos en la elección de jueces a favor de candidatos afines a la 4T, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), bajo Mónica Soto, validó no abrir una investigación contra Morena y funcionarios públicos por elaborar y distribuir “acordeones” durante la elección judicial del 1 de junio. Esto fue solicitado por la asociación civil Proyecto y Justicia Común. Con esta decisión, el TEPJF se mantiene alineado a los designios de la 4T.
A nadie sorprende el fallo del tribunal electoral, toda vez que, desde que avalaron el agandalle del gobierno para dotarle de mayorías calificadas artificiales en el Congreso a Morena, PVEM y PT, por encima de la votación oficial y real que recibieron esos partidos políticos en las elecciones del año pasado, se percibió la proclividad hacia la 4T de tres de los cinco magistrados (Mónica Soto y los dos “Felipes”).
Las autoridades electorales federales, INE y TEPJF, han sido cooptadas por el gobierno federal y con ello, la tan manoseada autonomía e independencia de ambas instituciones, quedó en el olvido.
La inducción y coacción del voto, el uso indebido de recursos públicos y la vulnerabilidad al principio de equidad fueron evidentes y registrados no solo por algunos medios de comunicación, sino por observadores internacionales, además, claro está, de los partidos políticos de oposición.
Tanto el INE como el tribunal electoral coincidieron en señalar que la queja no incluyó referencias específicas sobre los hechos, como fechas, lugares o personas responsables.
Luego de la crónica de un fraude anunciado, las dos siguientes aduanas que tendrán que sortear con cierto decoro en los próximos meses, el INE y el TEPJF, serán la aprobación de nuevos partidos políticos y luego la elección intermedia de 2027, en la que estará en juego la nueva composición de la Cámara de Diputados y 16 gubernaturas y, como se aprecia la querencia de la mayoría de los consejeros y magistrados de ambos organismos, no se necesita ser adivino para conocer desde ahora cuál será el desenlace de ambos procesos que, a todas luces, se tomarán todas las medidas pertinentes para evitar la alternancia en el poder.
La presidenta Claudia Sheinbaum ya no confía en Guadalupe Taddei por poner en riesgo la calificación de la elección de jueces; por ello, en la reforma electoral que se cocina en la SEGOB, de Rosa Icela Rodríguez, se impulsa la elección de los consejeros del INE.
Aunque el TEPJF no ha analizado a fondo el uso de acordeones en la pasada elección de juzgadores, todo indica que los magistrados de la 4T harán como que la virgen les habla para validar los resultados de los comicios y con ello, coadyuvar en la destrucción del Poder Judicial en perjuicio de los derechos fundamentales de los mexicanos.
Los argumentos esgrimidos por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en la votación de la Sala Superior del Tribunal Electoral, quien votó en contra de lo que avalaron los otros magistrados, advierten que los ciudadanos no tienen la personalidad jurídica para solicitar información a las autoridades bancarias, además de que la autoridad electoral tiene la obligación de agotar todos recursos que tienen a su mano para proceder a indagatorias a fondo para determinar el financiamiento en torno a los acordeones, así como investigar a los autores intelectuales y la fuente de la línea que ordenó, por ejemplo, la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde el nuevo prócer oaxaqueño, Hugo Aguilar Ortiz, será el nuevo presidente del máximo tribunal, aunque antes del 1 de junio, solo lo conocían en su casa.
Las autoridades electorales tienen atribuciones y facultades de las que carecen los ciudadanos y colectivos civiles para investigar a fondo posibles violaciones a los procesos electorales. En lugar de la vergüenza, se imponen el cinismo y la simulación. En vez de gozar de un régimen democrático, padecemos de la dictadura a la mexicana, aunque en el fondo se pretende emular a otras de la región como en Cuba y Venezuela.
El chiste es seguir mamando del presupuesto, sin reparar en el daño al orgullo personal, dignidad, trayectoria y responsabilidad histórica.
De pena ajena el sesgo partidista que tienen ahora cuatro de los cinco magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral.