Tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum han endeudado más al país que sus antecesores. En las mañaneras, insisten en que no han contratado más deuda. Sin embargo, los datos duros los desmienten: de una deuda pública de 10.31 billones de pesos en 2018, se pasó a 17.99 billones en lo que va de 2025.
Lo más grave es que para 2030, al final del actual sexenio, rondará por lo menos los 25 billones de pesos. Esto muestra la ineficacia del gobierno de la 4T para revertir el déficit público y ajustarse a los insuficientes ingresos que genera.
A pesar de esto, derrochan el dinero público en obras faraónicas e inútiles y otorgan dádivas a un sector de la población que lo dilapida, mientras la mitad de los mexicanos sigue viviendo en pobreza extrema y marginación.
El sexenio de López Obrador no solo estará marcado por ser uno de los que incurrió en mayores déficits o niveles de endeudamiento, sino por el mal uso que hizo del mismo. Durante todo su sexenio, el gasto de inversión física fue inferior al déficit público en el que incurrió, y a medida que crecía más el endeudamiento, destinó menor proporción al gasto de inversión.
El endeudamiento no es malo en sí mismo para las finanzas públicas, pues representa una fuente de financiamiento. Sin embargo, si no es usado con responsabilidad, cumpliendo con las metas o límites que se establecen por ley, así como si no se le da un uso responsable, entonces pudiera no generar el efecto esperado y representar solo una carga financiera.
Para evitar el mal uso del endeudamiento, se estableció mediante el artículo 73 de la Constitución que todo aquel financiamiento que solicite el gobierno debe ser destinado a la ejecución de obras que produzcan directamente un incremento en los ingresos públicos. Por definición económica, aquí estamos hablando de que se destine a gasto de inversión.
Con base en lo anterior, podemos calcular si el gobierno utiliza el financiamiento requerido de manera responsable según la Constitución. Al comparar el déficit público al cierre de 2024 con el gasto de inversión física (en infraestructura) realizado por el Estado, se observa que de cada 100 pesos de endeudamiento, 53 se destinaron a la inversión física.
Los 47 pesos restantes se utilizaron para otros tipos de gasto, como el pago de intereses de la deuda o la financiación de programas sociales.
Las anteriores consideraciones de tipo económico no le interesan al populismo y, por ello, no escatima dinero (sobre todo cuando no es de ellos) para regalarlo y con ello ganar elecciones, sin importar que ese gasto está aniquilando la viabilidad de las finanzas públicas, al ser progresivo con el paso del tiempo.
El obradorato, con el apoyo de la población beneficiada con el regalo del dinero público, dinamita la posibilidad de que haya una alternancia del poder.
Gracias a los programas de política social con tintes electorales, el grupo en el poder se regodea destruyendo el orden constitucional que sostiene el régimen democrático y la división de poderes.
Además, se apropia de los contrapesos institucionales al Poder Ejecutivo y de los órganos autónomos, mientras militariza al país y aprueba una serie de leyes que permiten al Estado espiar a todos los ciudadanos.
La contratación de deuda pública no solo endeuda a las actuales y futuras generaciones, sino que con el pago de los intereses de la misma, se acotan los márgenes de operación del presupuesto anual, ya que cada vez se pagan más intereses que impiden canalizar esos recursos a obras y programas en beneficio real de la población.
La deuda adquirida por AMLO ya está cobrando factura al erario mediante el pago de intereses y servicio de la deuda pública. Al cierre de 2024, el gobierno pagó 1.15 billones de pesos en el costo financiero de la deuda, el cual incluye los intereses y otros gastos financieros en los que incurre al pedir prestado.
El sexenio anterior cerró con el mayor pago de intereses y servicio de la deuda pública en 29 años. Al cierre de 2024, el costo financiero de la deuda pública subió 3.4% del PIB, algo no visto desde 1996.
Se trata del mayor monto que ha destinado el Estado en el pago de los intereses de la deuda pública.
El costo financiero de la deuda representa un costo de oportunidad perdida para el gobierno.
Esta realidad termina afectando a la población, al haber menos recursos para garantizar los bienes y servicios públicos. Al cierre de 2024, el gobierno federal destinó el 3.4% del PIB al pago de intereses de la deuda pública y solo el 2.7% del PIB a salud.