Hugo López-Gatell y Juan Antonio Ferrer, dos auténticos “próceres de la 4T”, llevarán cargando para siempre el estigma de ineptos y corruptos; uno por gestionar irresponsablemente el manejo de la pandemia de Covid-19, y el otro por enterrar el Seguro Popular para dar paso al INSABI, que tan solo duró 48 meses, pero que fue tiempo suficiente para desviar recursos del presupuesto público asignado, a decir de la panista Lilly Téllez y reportes de la ASF, y que fue del orden de más de 500 mil millones de pesos en esos tres años de existencia.
El presupuesto del INSABI no fue congruente con el objetivo de cubrir a toda la población de seguridad social, ya que el gasto per cápita para esta población pasó de 3 mil 656 pesos en 2019 a 2 mil 911 en 2021, con una contracción de 20.3 por ciento.
Ambos casos fueron solapados por AMLO y ahora premiados por la presidenta Sheinbaum, al nombrarlos como representantes de México en organismos internacionales.
Está visto que en la 4T la ineptitud se premia y, si no es así, no se entiende cómo al “doctor muerte” (sí, ese que provocó que el índice de mortalidad en la pandemia por Covid-19 se disparara en México con el fallecimiento de alrededor de 800 mil personas, de las cuales la tercera parte se pudieron haber evitado) será el representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Covid-19 dejó muerte y daños colaterales todavía difíciles de cuantificar, aunque en un primer ejercicio y de acuerdo a diversos informes de expertos en emergencias sanitarias, murieron 808 mil 619 personas, de las cuales 297 mil 149 se atribuyen al mal manejo de la pandemia. Ese 36 por ciento se pudo haber evitado.
Si los responsables de gestionar la crisis sanitaria hubieran actuado con criterios científicos y médicos en lugar de proceder conforme a criterios políticos, como fue el caso de Hugo López-Gatell, quien sin pudor alguno impidió la compra de vacunas de Pfizer y Moderna, al tiempo de recomendar que las pruebas de detección y el cubrebocas no eran necesarios, nuestro país no se hubiera ubicado entre los países con mayor mortandad del planeta; sin embargo, la irresponsabilidad criminal en la que incurrió Andrés Manuel López Obrador con su fiel escudero López-Gatell (y agregue también al secretario de Salud, Jorge Alcocer), provocó una matazón sin precedentes en otras emergencias sanitarias.
De acuerdo con el INEGI, en 2022 se sumaron 793 mil fallecimientos, cuyos casos están relacionados con la pandemia de Covid-19. Gran parte de esas vidas podrían haberse salvado si el gobierno hubiera enfrentado mejor la emergencia sanitaria, aseguró en su momento la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM, Laurie Ann Ximénez-Fyvie. En el contexto de que un juez ordenó que la FGR investigue al subsecretario Hugo López-Gatell, acusado de presunta negligencia, falsos informes y ocultamiento de la información, entre otros agravantes.
En mayo de 2024, escribí en este mismo espacio sobre el trabajo de un grupo de expertos multidisciplinarios en torno a la gestión de la pandemia de Covid-19, que derivó incluso con responsabilidades de orden penal contra los responsables por causar la muerte de casi 300 mil personas.
Los especialistas, coordinados por el doctor Jaime Sepúlveda, señalaron que la investigación buscó aprender para no repetir los errores del gobierno federal en el manejo de la pandemia. Esto forma parte del reporte de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia en México, que concluyó que las casi 300 mil muertes en exceso por este mal se pudieron evitar si las decisiones no se hubieran centralizado en el Ejecutivo federal, dejando al margen a organismos especializados en el manejo de pandemias, tanto del sector privado como del público.
La recomendación del uso de estampitas milagrosas o el Vick VapoRub® fueron consejos irresponsables y de consecuencias mortales para quien los siguió, al igual que no usar cubrebocas o evitar las pruebas de detección del virus.
“En los hospitales, además de que fueron rebasados en su capacidad, las directrices para la atención de los pacientes fueron poco claras, el personal insuficiente y el equipo de protección tardío y de baja calidad”, concluyeron los expertos. Hubo más de cuatro mil fallecimientos de doctores, enfermeras y personal de apoyo médico, precisamente por la falta de los insumos requeridos para su protección, además de que, como se recordará, no se vacunó al personal médico del sector privado, ya que no era prioritario, según las palabras del doctor muerte.
La campaña ‘Quédate en casa, quédate vivo’ causó un efecto perverso, porque un buen número de pacientes llegó muy tarde al hospital.
Las investigaciones realizadas por este panel de expertos concluyeron que, al revisar las actas de defunción de ese periodo, se encontraron decesos reportados por Covid-19 del orden de 511 mil 81 personas, es decir, 53 por ciento más que el reporte oficial.