Como un reflejo de lo que ocurre en varias entidades gobernadas por Morena, avanza en el Congreso federal la ‘ley censura’. Será aprobada en un periodo extraordinario de sesiones que se lleva a cabo esta semana. Se espera que no incorporen las propuestas y las inquietudes que vertieron los expertos en el conversatorio exprofeso.
Esto significa que, tanto en redes sociales como en los medios electrónicos, estará atento el ojo visor de la Santa Inquisición representada por la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que sancionará a aquellos que osen criticar al gobierno.
Dos de las características más sustanciales de la dictadura son la censura y la represión. Expresiones autoritarias de las que ya se contagió el gobierno de la presidenta Sheinbaum.
La libertad de expresión se debilita con este gobierno, ya que, en los hechos, la 4T se caracteriza por censurar a sus enemigos políticos y perseguir a los críticos del régimen, mediante la persecución judicial y otras expresiones de represión como la aplicación de la guadaña fiscal.
Las demandas de algunos gobernadores y personajes de la 4T contra periodistas o influencers se basan en la violencia política de género y las calumnias personales. No dude, estimado lector, que una vez instalado el nuevo Poder Judicial, conformado por jueces afines al Ejecutivo, las demandas contra críticos de la clase gobernante aumentarán de forma escandalosa.
Las nuevas reglas de las mañaneras que han impuesto en la oficina de la presidenta, para evitar las preguntas incómodas o más aún que haya contrarréplicas, se corporificaron en el reglamento de la censura de Palacio Nacional, para que ninguno de los verdaderos periodistas que se logren colar a la conferencia matutina pongan en aprietos a la mandataria y pregunten a título personal o escriban de forma negativa contra los posicionamientos vertidos por el oficialismo.
Tienen todo el poder, pero eso los hizo más sensibles ante las críticas y por ello refuerzan los mecanismos de censura y afinan todo el aparato represor del gobierno.
A diario saltan a la luz casos de represión y censura por parte de varios gobernadores, como Alejandro Armenta Mier, de Puebla, o Layda Sansores, de Campeche.
A veces, creo que a la presidenta no le informan de la realidad ni de los escandalosos gestos de algunos mandatarios morenistas, quienes ya se caracterizan por hacer de la censura y la represión su principal instrumento de gobernanza.
Ella tiene otros datos que buscan desviar la atención de la ciudadanía o presentarse como gobernantes impolutos, ajenos incluso a dirigir la orquesta de acordeones que tocó el 1 de junio durante la jornada electoral judicial.
Hablando del fraude que significaron los comicios para elegir jueces, magistrados y ministros, continúan los juicios de inconformidad a fin de impugnar los comicios ante el INE, al considerar que se vulneraron principios fundamentales establecidos en la Constitución, afectando gravemente la legitimidad y legalidad del proceso comicial.
Desde su diseño y hasta su ejecución, el proceso electoral estuvo marcado por la falta de equidad y certeza y por la opacidad en la información.
Vamos, era de esperarse, ya que ahora la presidenta de la República se burla de la oposición por no postular candidatos en la elección judicial, mientras que Morena y sus aliados sí lo hicieron.
Esto significa que la mandataria no sabe que las leyes electorales, redactadas por sus correligionarios en el Congreso, penalizan severamente la injerencia partidista en el proceso.
En la impugnación contra la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, se argumenta que no se respetó el voto libre y que se vulneró la autenticidad de la elección debido a que se elaboraron y distribuyeron acordeones para coaccionar el voto.
La división de la cartografía electoral no cumplió con el principio de representatividad democrática, además de que el diseño de las boletas fue incorrecto y generó inequidad.
En ese sentido, se denuncia que hubo una indebida aplicación de las reglas de paridad que alteraron el sentido del voto. Asimismo, se evidencia una clara violación al principio de no regresividad, ya que en este proceso se impidió votar a las personas en prisión preventiva y a personas en el extranjero.
Ante este contexto, las irregularidades e incidencias en los cómputos, la falta de transparencia en las sesiones de cómputos distritales y la ausencia de representantes, Poder Ciudadano (colectivo de la sociedad civil) exigió la nulidad de la elección. Lo hizo al amparo de la legitimidad que le reconoció previamente la Sala Superior para impugnar dentro de esta elección. Además, señaló que estas elecciones son un ejemplo de lo que no se debe permitir en cualquier proceso democrático y participativo.