El paro laboral en el Poder Judicial de la Ciudad de México lleva tres semanas y, por lo que se observa, continuará un buen rato. Esto provoca implicaciones legales y operativas muy complicadas en los próximos meses.
Además, a partir del 1 de septiembre tomarán protesta los juzgadores que fueron electos gracias a los acordeones. La población afectada y la gobernabilidad de la capital del país están en un gran lío.
Esta bomba de tiempo no tardará en estallar debido a la inmensa carga de trabajo. Cada día se cancelan mil 200 audiencias en promedio, además del rezago existente en todos los juzgados.
El número de casos judiciales supera ampliamente al personal de los juzgados en todos los ámbitos del derecho. Si a esto le sumamos el paro laboral y la llegada de jueces electos sin experiencia, la 4T y el gobierno de la presidenta Sheinbaum se han metido en un gran problema. La situación se vuelve grave en las ciudades que tendrán nuevos jueces y magistrados inexpertos, quienes estarán bajo el control de los grupos políticos, empresariales y criminales que los llevaron a los tribunales.
En la capital del país, el paro laboral judicial tendrá un impacto que tomará varios meses en resolverse. Esto significa que, por ejemplo, en temas penales, personas recluidas injustamente seguirán bajo las rejas porque los juzgados están cerrados. En cuanto a resoluciones en materia civil, administrativa, familiar o laboral, quedarán congeladas hasta que termine el paro y llegue el turno del expediente respectivo en la larga lista de espera.
Clara Brugada, jefa del gobierno capitalino, y el magistrado presidente del Poder Judicial de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez, reman a contracorriente para terminar el paro judicial. Buscan un acuerdo justo con los trabajadores que piden un aumento salarial superior al 5 por ciento que ofrece la autoridad.
Sin embargo, no se vislumbra un arreglo inmediato debido principalmente a la falta de sensibilidad y al exceso de ineptitud del gobierno.
Decimos que este asunto pega en el respeto de los derechos humanos y para las víctimas que demandan justicia, además de las personas que están privadas de su libertad y, por supuesto, la gobernabilidad de la Ciudad de México.
Es cierto que, a pesar de lo justas que son las demandas de los trabajadores del Poder Judicial capitalino, se prefirió gastar más en movilizar a la gente para la elección judicial del 1 de junio o en los programas asistenciales —el dinero que se regala a los mexicanos— que en apoyar las áreas neurálgicas para la gobernanza.
Rafael Guerra Álvarez debe ponerse del lado de sus compañeros judiciales, en lugar de pedir levantar el paro como un “gesto de buena voluntad”, aunque todavía no se conozca de cuánto será el aumento final.
La justicia debe ser pronta y expedita, pero en el caso de México, ya no digamos de su capital, las cosas funcionan al revés.
Si desde la cabeza consideran al Poder Judicial como el malo de la película, ¿qué se puede esperar de los gobernadores y la jefa de Gobierno de la CDMX? Ellos prefieren gastar en otros rubros, como aceitar la maquinaria electoral, en lugar de atender el justo reclamo de incrementos salariales.
Ni con los avances tecnológicos que el Poder Judicial ya ha implementado en los juzgados, ni con los juicios abreviados, se podrá revertir el rezago judicial. Menos aún se podrá proteger a los jueces que fueron electos en un proceso fraudulento y que, claramente, la mayoría son incompetentes para desempeñar sus responsabilidades al frente de un juzgado.
El paro en el Poder Judicial muestra claramente a la 4T, que tiene como prioridad establecer una dictadura en lugar de atender y resolver los problemas que afectan a la población.
En esa lógica, Clara Brugada y su grupo ignoran la situación, sin darse cuenta de que esa negligencia y desdén les explotará en la cara.
Lo hemos dicho en este espacio hasta la saciedad; tan solo es cuestión de tiempo para que las acciones populistas de izquierda y el aniquilamiento del régimen democrático, cobren factura a la clase gobernante.
Veremos cuánto tiempo se llevará el paro judicial en la capital y, sobre todo, el tiempo que se tardará en acabar con el rezago en los juzgados, aunque al paso que vamos, pasarán varios años para que esto ocurra.