Calificado como un asalto a la vista de todos, fue considerada la validez de las elecciones del Poder Judicial, por parte del INE, en donde se configuraron diversas causales de delitos electorales que se dieron en la jornada electoral, desde el manejo de recursos públicos para movilizar y comprar votos, hasta la inducción y coacción de los votantes, además del llenado de boletas introducidas a las urnas sin doblar y con la misma caligrafía, y lo más alarmante es que, por “pura coincidencia”, se replicó exactamente en millones de votantes la uniformidad a favor de los candidatos del oficialismo a la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. Lo que supera el milagro de los panes y otros hechos asombrosos.
Como si la ciudadanía fuera tonta, la 4T se empeña en afirmar que la elección fue legal, cuando el fraude fue tan evidente que los mismos observadores de la OEA recomendaron no replicar el ejercicio en ningún país que forma parte de ese organismo: “esta misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”.
Además de todas estas agravantes, las autoridades electorales, que deberían ser garantes de vigilar los comicios, fueron omisas en señalar la enorme lista de irregularidades y con ello ser parte de la destrucción del régimen democrático para dar paso, evidentemente, a la autocracia como en tiempos de la dictadura que ejerció el PRI en el siglo pasado.
El INE dejó de ser un órgano ciudadano y se convirtió en un apéndice de la Secretaría de Gobernación. Esto tiró a la basura la lucha de cientos de mexicanos por construir un sistema electoral con instituciones independientes y autónomas que aseguraran a los mexicanos la transparencia de los comicios.
La votación de 6 a 5 de los consejeros electorales para validar la elección muestra claramente el atraco que ocurrió el 1 de junio. Los argumentos presentados a favor son tan endebles que ni siquiera los mismos funcionarios electorales que los emitieron se los creyeron.
Los consejeros Claudia Zavala, Arturo Castillo, Jaime Rivera, Martín Faz y Dania Ravel votaron por no avalar la validez de los comicios y esperar a que se investiguen todas las irregularidades detectadas.
En contraparte, Guadalupe Taddei, Norma de la Cruz, Jorge Montaño, Rita Bell López, Uuc-kib Espadas y Carla Humphrey validaron el atraco a la nación y el resquebrajamiento del Poder Judicial, la división de poderes y el régimen democrático.
Quedará para la historia la sesgada y tendenciosa participación de los consejeros proclives del oficialismo que, sin vergüenza alguna, votaron a favor de validar la elección, como es el caso de Carla Humphrey, con vínculos con Morena, quien emitió el voto decisivo para aprobar la validez de la elección judicial.
El papel que jugó la esposa del funcionario federal de la 4T, Santiago Nieto, se suma a las determinaciones que han permitido validar el desmantelamiento del Poder Judicial. Desde los traidores Yunes, pasando por el ministro Alberto Pérez Dayán, los tres magistrados del TEPJF, Soto y los dos “Felipes”, y ahora la consejera Humphrey.
Durante más de tres horas de debate, varios consejeros describieron las irregularidades del proceso como casillas con más votos que votantes, hasta boletas aparecidas marcadas sin haber pasado por las mesas de registro previo y, bueno, el tema de la “orquesta de acordeones”, que fue la mayor evidencia del fraude electoral.
La consejera del INE que cobra como presidenta, Guadalupe Taddei, justifica que se invalidaron 818 casillas y con ello quedó zanjado el tema de los acordeones, cuando esta práctica fraudulenta ocurrió en la mayoría de las 83 mil 956 casillas instaladas.
Desde luego, a los candidatos ganadores todavía les queda un periplo largo de sortear, aunque si hay algo fuera de la ley, las autoridades del INE se harán de la vista gorda para pasarlo por alto.
Así que, si alguien piensa que, derivado de la fiscalización, es decir, de la comprobación de los egresos e ingresos de campañas y de la garantía de idoneidad de los perfiles, pudiera tirar a los candidatos aprobados en Palacio Nacional, pues es un iluso por decirlo de manera elegante.
Avanza la implantación de la dictadura impuesta por el obradorato con la cooptación de las instituciones electorales, como el INE y el TEPJF, que entrará en acción en los próximos días para validar la elección judicial y con ello fortalecer la contundente afirmación de que la mayoría de los magistrados que integran la Sala Superior se tiran al piso al paso de la presidenta de la República.