En medio de la ilegalidad, la farsa y el fraude y con la complacencia del INE, se desarrolló la jornada electoral judicial que ha explosionado al régimen democrático y la división de poderes para dar paso a un régimen autocrático en donde el Poder Ejecutivo tiene subyugado al Legislativo y al Judicial.
En estos momentos, quedará tan solo para el anecdotario el porcentaje de participación ciudadana en los comicios, toda vez que el acarreo y el llenado de urnas fueron descarados, amén del reparto de acordeones, que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mantuviera una postura de imparcialidad, tendría que anular la elección judicial de inmediato.
En medio del jolgorio del oficialismo por el pírrico resultado en las urnas ha quedado la profunda preocupación de un sistema judicial debilitado expuesto “a intereses partidistas y del crimen organizado”, lo que pone en riesgo la imparcialidad de los jueces y afecta directamente la economía y la estabilidad institucional del país, tal como lo ha advertido la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Cierto, la farsa electoral judicial no fue diseñada para mejorar la impartición de justicia, sino para controlar el Poder Judicial.
Hay que anotar que, por pura “coincidencia”, reapareció este domingo Andrés Manuel López Obrador para votar y con ello dejar de manifiesto su paternidad sobre la reforma judicial, que respondió más a un ajuste de cuentas contra los ministros de la Corte, magistrados y jueces que osaron aplicar el estricto cumplimiento de la Constitución para echar atrás sus invenciones y ocurrencias que ponían en jaque a las mismas instituciones públicas que a un auténtico espíritu democrático.
Duele decirlo, pero el poder tras el trono se ejerce desde Palenque, le pese a quien le pese.
Así que, señores, desde el 1 de septiembre, cuando asumirán sus cargos los nuevos jueces, el sistema judicial estará afectado por la impunidad, la falta de seguridad jurídica y la incertidumbre para invertir.
El perfil de muchas candidaturas es cuestionable, en virtud de que se impulsaron a personajes vinculados al oficialismo por encima de la trayectoria, formación jurídica y los criterios técnicos.
Ahora los jueces se forjan en las elecciones y no en los tribunales.
Desde luego existen honrosas excepciones, pero por desgracia son los menos de un costal que está plagado de corucos e ineptos.
La reforma judicial fue calificada como una felonía histórica que busca transformar la democracia en una tiranía. La presidenta Sheinbaum se regodea con la participación ciudadana en los comicios, sin reparar que fue una elección de Estado. En esta elección, abiertamente y sin cuidado alguno, participaron todos los gobernadores, legisladores, sindicatos, Morena, PT y PVEM para acarrear votantes mediante la compra de votos o la coacción. Para el caso, ambas acciones fueron lo mismo.
Al grupo en el gobierno no le gusta la democracia ni el Estado de derecho. “Lo que quieren es un régimen que pueda tomar decisiones arbitrarias, abusivas, según su propia conveniencia política”, advirtió el expresidente Ernesto Zedillo, además de aseverar que se está convirtiendo México en un “Estado policial”, visto este como un aparato gubernamental de represión en donde al final queda la policía y el Ejército, el espionaje, la represión, el control de los medios para que no haya democracia, para que no haya representatividad de la voluntad de la gente.
Con el control total del Congreso de la Unión, merced a la imposición de mayorías calificadas alcanzadas artificialmente en ambas Cámaras legislativas, ahora se toma el control de toda la estructura judicial, comenzando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y siguiendo con el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas y jueces de distrito.
Luego seguirá la imposición de la nueva Santa Inquisición que presidirá el nuevo Torquemada, titular de la Agencia Digital, que basará su actuación en la ley mordaza que ya se cocina en el Congreso y que será aprobada la otra semana en un periodo extraordinario de sesiones.
Como se aprecia, mientras el pueblo se distrae en cosas banales, la 4T no pierde el tiempo para asegurar su permanencia en el poder por varias décadas, gracias al establecimiento de una dictadura y a todo un nuevo andamiaje jurídico que impide la alternancia en el poder.
¿Ahora qué sigue? No crea, estimado lector, que ahora la presidenta Claudia Sheinbaum se dedicará a resolver los problemas urgentes que afectan a los mexicanos. En cambio, pondrá todo su esfuerzo en asegurar que su ley mordaza no sea modificada y luego comenzará a preparar todo para la elección intermedia del 2027.
Desde luego, el gobierno de la 4T enfrenta dos amenazas que penden sobre su cabeza como una espada de Damocles: la inseguridad pública y la presión del imperialismo yanqui que exige la aprehensión de funcionarios públicos coludidos con el hampa.
Además, enfrenta la falta de recursos presupuestales mientras disfruta de su triunfo electoral sobre los escombros que va dejando a su paso.