Tuvo que enfrentar de todo, desde enormes pifias del Congreso que aprobaron el tinglado electoral relativo a la elección judicial, hasta la filtración de aspirantes a ser juzgadores con reputación non grata por sus vínculos incluso con criminales. Todo ello no importó si lo relevante era llegar al 1 de junio y realizar, por parte del INE, el símil de una elección que tiene de todo, menos que sea democrática y que permita a los votantes, en pleno ejercicio de su libertad y sin coacciones, ejercer el voto.
El regalo con moño rojo de Claudia para Andrés está listo y se entregará el 1 de junio con la aniquilación del Poder Judicial y con el total control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; lo demás no importa, incluso que los ciudadanos que tengan que dirimir algún asunto en tribunales y se encuentren con jueces ineptos y plegados a los designios de la 4T y de los gobernadores, no encuentren una respuesta jurídica a sus problemas.
La venganza tabasqueña se hará realidad el próximo domingo.
Se resquebrajó el equilibrio de los tres poderes de la Unión que le daba la razón de ser a un régimen democrático sostenido en la independencia y autonomía del Poder Legislativo y Judicial para servir de contrapesos al Ejecutivo.
Con la promesa de contar con “el Poder Judicial más democrático del mundo”, avanza una de las grandes farsas de la 4T y vaya que han sido muchas implementadas por el maestro del tongo, Andrés Manuel López Obrador.
El apunte de Christine Murray del Financial Times no tiene desperdicio: “México se está embarcando en un experimento kafkiano para elegir a jueces. Están ahogando el Estado de derecho. Elegir a los jueces será malo para la gobernanza y bueno para las pandillas”.
Los jueces no se hacen en las campañas políticas y menos en ganar una elección; ellos se pulen en los tribunales y se consolidan en razón de su irrestricto apego al orden constitucional.
La narrativa oficial queda desgastada ante la farsa y su credibilidad, siempre cuestionada, se pone en tela de juicio, sobre todo en temas de gran calado que emite la presidenta Claudia Sheinbaum.
La instrucción presidencial no admite errores, simulaciones ni mucho menos claudicaciones: “todos a las urnas, cueste lo que cueste” y tal como reza el dicho, amor con amor se paga, en clara alusión a que aquellos que cumplan con sus cuotas de votantes serán premiados y los que incumplan serán castigados. Así de fácil.
Los sindicatos afines al oficialismo ya tienen acuartelados a sus operadores para ir en manada a las urnas el próximo domingo; de igual manera, los gobernadores han dispuesto que todos los trabajadores del gobierno, familiares y todo aquel ente que pretenda congraciarse con el régimen acudan a sufragar.
No obstante la enorme marea de acarreados para la jornada electoral, se prevé que la votación no rebase el 20% del padrón electoral, lo que significa un fracaso contundente que cuestiona en buena medida el poder de convocatoria de la presidenta.
Claro, hay que considerar que el llenado de boletas para cargar las urnas será una constante en todo el territorio nacional, porque no se anularán las boletas que no se usaron.
La indicación superior es que todos los beneficiarios de los programas sociales acudan “voluntariamente” a sufragar y, en caso de no hacerlo, sufrirán las consecuencias.
El INE ya tiene todo para hacerse de la vista electoral ante el fraude y en esa línea se encuentra el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de Mónica Soto.
Para ello, se dispuso que no haya representantes de partido en las casillas, tampoco que los funcionarios de casilla cuenten los votos.
No habrá copias de actas para los representantes de partidos con las que podrían impugnar los resultados.
Los empleados del INE contarán los votos. No habrá PREP ni conteo rápido.
La mayoría de los ciudadanos no saben por quién votar; tan solo sacarán el acordeón que les entregaron para replicarlo en las boletas respectivas.
El gobierno de la doctora navega entre tormentas y, con estas decisiones, da razones de peso al gobierno de Estados Unidos para confirmar que, sin un Poder Judicial robusto, autónomo e independiente, se refuerza la idea de que buena parte del territorio nacional está a expensas de los criminales con jueces a su servicio.
El surgimiento del clon del PRI hegemónico del siglo pasado es una realidad ahora con Morena, que tiene la pretensión de que no haya alternancia en el poder, por lo menos en varias décadas, y para ello construyó todo el andamiaje legaloide para impedir siquiera que algún tribunal, juzgado, juez de amparo e incluso la SCJN se pronuncie en contra de lo que ordene la presidenta de la República.