La delegación legislativa mexicana que está en Washington para convencer a sus pares de lo nocivo que sería la medida de gravar las remesas de los connacionales, se tendrá que regresar con las manos vacías, porque carece de argumentaciones contundentes frente a la estrategia del presidente Donald Trump para fortalecer su plan fiscal.
Desde luego, el impacto es brutal e injusto del 5% a las remesas que envían los migrantes mexicanos al país, toda vez que les gravan doblemente sus ingresos; empero, en la lógica del poder de Washington, se requiere captar recursos de donde sea para atenuar su déficit fiscal y fondear los programas del magnate inmobiliario.
El Congreso mexicano no tiene peso en las decisiones de Washington; vamos, si no lo tienen las minorías demócratas, menos un puñado de legisladores a los que los impulsa la buena fe, y párele de contar.
Un impuesto a las remesas, además de ser injusto, es regresivo y con múltiples impactos, incluso en la economía de Estados Unidos y, por supuesto, para México el golpe es demoledor, particularmente en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Guanajuato, entidades que son las receptoras en gran medida de las remesas que envían los connacionales.
Este tipo de gravámenes no solo encarecería las transferencias, sino que podría empujar a los migrantes a utilizar canales alternativos para enviar dinero a México, fuera del sistema financiero formal y con ello, cruzar la frágil línea que representa el lavado de dinero.
Esa búsqueda de mecanismos alternos e informales o no regulados para enviar dinero, como recurrir al apoyo de familiares o amigos con ciudadanía o residencia en EU o usar servicios de comercio electrónico, puede orillar a recurrir a redes ilegales para evitar el pago del impuesto.
Existen voces sensatas de líderes de cámaras como Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, quien descartó que el Congreso de EU vaya a aprobar el impuesto a las remesas, ya que recordó que hay un acuerdo signado en 1994 que impide la doble tributación entre México y Estados Unidos.
En momentos en que algunos congresistas republicanos están dubitativos en apoyar las acciones trumpistas que han impactado entre sus representados, podría significarse como la coyuntura perfecta para evitar la procedencia del impuesto a las remesas.
Si la relación que tiene la presidenta Sheinbaum es excelente, como dice, con su contraparte norteamericana, entonces ese es el mejor camino para evitar gravar a las remesas, desde luego no el único, pero las voces opositoras a esta medida tienen que ser de empresarios de aquel país por el impacto que representaría perder la mano de obra mexicana con gravámenes absurdos.
Sería encomiable que la doctora convenciera a Trump de lo pernicioso de la medida tributaria sobre las remesas y así demostrar con hechos que efectivamente es escuchada en la Casa Blanca.
Los migrantes han sorteado todo tipo de infortunios para acomodarse en aquel país, pero ahora son perseguidos como si fueran los peores delincuentes.
El pastor de la borregada oficialista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que desde esa Cámara están mandando cartas a todos los congresistas estadounidenses y “estamos pidiéndole a los clubes y federaciones de mexicanos radicados allá que envíen a sus representantes misivas de inconformidad sobre esta medida que pretenden aplicar en el próximo ejercicio fiscal de aquel país”.
La carta enviada el lunes por el propio legislador zacatecano, dirigida a James Michael Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, insiste en la preocupación y señala que la iniciativa republicana “debilita los principios económicos y los esfuerzos de colaboración para el desarrollo que sustentan la relación entre ambas naciones”.
La propuesta de gravar las remesas fue presentada por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 12 de mayo, impulsada por la administración del presidente Donald Trump para financiar sus programas en el presupuesto fiscal 2026.
El impuesto, de acuerdo con la iniciativa, se aplicaría a todas las transferencias de remesas enviadas desde ese país hacia el extranjero y sería recaudado por las empresas dedicadas al envío al momento de la operación.
Aunque los ciudadanos americanos y residentes permanentes podrían estar exentos, los migrantes no documentados serían los más afectados, ya que se estima que hasta 4.1 millones de mexicanos tendrían que pagar el gravamen.