La XLIX Edición del Tianguis Turístico que nació en Acapulco y que ahora es itinerante, se celebró a principios de este mes en Baja California, y uno de los atractivos más relevantes fue la participación del estado de California y de varias ciudades fronterizas norteamericanas en el evento turístico mexicano, suceso que le sirvió a la gobernadora de Morena, Marina del Pilar Ávila, para presumir su relación con nuestro vecino del norte; empero, unos días después se le canceló su visa de Estados Unidos, al igual que a su esposo, Carlos Torres, quien se desempeña como coordinador de Regeneración de Espacios Públicos en el gobierno que preside su cónyuge.
La cancelación del visado de la mandataria estatal requiere una explicación oficial del gobierno del presidente Donald Trump porque está claro que Marina del Pilar optó por guardar silencio sobre las razones reales de tal medida y, como están las cosas, pues todo apunta a que el matrimonio que gobierna en Baja California ha sido salpicado por el sospechosismo de estar involucrados en actividades al margen de la ley.
La destrucción de visas que está haciendo el gobierno norteamericano a políticos de América Latina, como fue el caso del mismo presidente colombiano, Gustavo Petro, tiene que ver porque son considerados como personas non gratas para ingresar a su territorio, ya sea porque cometieron faltas administrativas como violar los términos de la visa de turista o del pasaporte diplomático, o de plano porque representan un peligro para Estados Unidos o son sospechosos de participar en actividades criminales. Versiones extraoficiales señalan que el esposo de la mandataria se ubica en la lista negra de las agencias norteamericanas dedicadas al combate de las drogas y otros ilícitos.
En este vacío de información sobre el retiro de las visas, saltó de inmediato el desliz presidencial al defender a su correligionaria, al tiempo de manifestar su extrañamiento al gobierno norteamericano.
“Vamos a esperar a recibir la información; no nos vamos a adelantar. No tenemos conocimiento sobre si hay alguna causa; hasta ahora no se ha informado. Se va a solicitar la información para saber por qué se retiraron las visas. El gobierno de Estados Unidos debe informar y comunicarlo al gobierno de México. Entonces, esperaremos a conocer el motivo de esta acción, porque aún no sabemos cuál es la causa que la originó”, advirtió la presidenta.
La postura presidencial la pone en un predicamento con su contraparte norteamericana, ya que ponerse del lado de infractores de leyes es muy arriesgado en momentos en que el gobierno mexicano es señalado por la Casa Blanca por estar sometido por criminales.
El quid del asunto es que vendrán, en un primer paso, más cancelaciones de visas norteamericanas a funcionarios públicos de Baja California y, por supuesto, de otros servidores públicos de otros estados que tienen una gran cola que les pisen, precisamente por su pública vinculación con los capos de la droga, tal como sucede con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y con Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, tan solo para enumerar dos casos que son representativos de la connivencia con delincuentes.
Donald Trump no se cansa de repetir que en México existe una clase gobernante catalogada como “narcopolíticos” y que tiene como principales representantes a altísimos funcionarios de la administración de López Obrador.
Lo que es un hecho es que la versión del matrimonio Torres es inverosímil porque la alerta de Estado que emitió Washington es debido a actividades ilícitas que representan un peligro para Estados Unidos y no por razones que se desconocen.
El hecho es que llegó el momento de que la titular del Poder Ejecutivo federal se defina en torno a defender a personajes impresentables que están en la mira del gobierno estadounidense, o de plano adelantarse y presentar ante la justicia mexicana a esos delincuentes del oficialismo que se despacharon con la cuchara grande, amén de coludirse con los malosos.
La herencia maldita de corrupción y de narcopolíticos que recibió la doctora de su mentor quema y por lo menos tizna y, si no se procede en consecuencia, se corre el riesgo no solo de padecer los latigazos de aranceles y cierre de frontera a productos mexicanos, sino de dar más pretextos a los gringos para que intervengan en territorio mexicano.
Menuda ingrata tarea le tocó a la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que no solo tiene que hacer un buen gobierno en momentos en que el mundo se tambalea por el efecto Donald Trump y por la crisis económica heredada, sino servir de tapadera a la ineptitud, corrupción y a funcionarios públicos coludidos con los capos de la droga.