A 33 días de la elección de jueces, magistrados y ministros, el engrudo no solo se le hizo bolas a la 4T, sino que ya se cuajó con el desastre que ha implicado todo el proceso de selección de los aspirantes que ha encontrado su epítome de la ineptitud con la filtración de ciertos personajes de mala reputación que, incluso, están vinculados con criminales, tal como lo denunció el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, quien reconoció que hubo fallas en los filtros para elegir a los candidatos al Poder Judicial en donde se incluyeron “perfiles ligados con el narco o con personajes que defendieron públicamente a Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo”.
Lo denunciado por Noroña tan solo es la punta del iceberg que oculta a abogados que son promovidos por grupos empresariales, religiosos, partidistas, sindicales y, por supuesto, del crimen organizado y que, por lo tanto, cuentan con el respaldo económico y de movilización para ganar la elección en los circuitos y juzgados en donde fueron promovidos.
Así que “el sistema judicial más democrático del mundo” estará conformado, en su mayoría, por juzgadores que resolverán los casos que lleguen a sus manos por consigna y no por un estricto apego al orden constitucional.
En este contexto, se alista en los estados y municipios gobernados por el oficialismo a cumplir con sus cuotas de votantes para el día de la elección, es decir, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y sus aliados políticos aceitan las maquinarias desde ahora para llevar el mayor número de acarreados el próximo 1 de junio a su cita con la elección más truculenta que haya organizado el INE.
No obstante que está expresamente prohibido que los partidos políticos intervengan en el proceso de elección de los juzgadores, el gobierno está echando toda la carne al asador sin escatimar recursos públicos para convencer a los ciudadanos a acudir a votar.
Sin ese acarreo del gobierno federal, la elección sería un total fracaso en cuanto a la abstención; sin embargo, con la puesta en marcha de la maquinaria electoral de la 4T se garantiza que acudan a votar entre un 15% y 20% del padrón electoral, lo que para efectos del discurso oficial sería un éxito, aunque sería una de las elecciones con mayor abstención, incluso por arriba de la revocación de mandato de AMLO.
Como se sabe, los ciudadanos no contarán los votos emitidos en las casillas electorales, sino que las boletas se concentrarán para que sean los propios funcionarios del INE quienes realicen el cómputo para determinar a los candidatos ganadores a convertirse en ministros, magistrados y jueces; por supuesto, la mayor parte de ellos alineados a los designios del principal huésped de Palacio Nacional.
Si consideramos que las arcas del gobierno federal, estatal y municipal están muy acotadas en su manejo presupuestal por la escasez de presupuesto, con los gastos extraordinarios que representa la elección judicial, pues muchas instancias de gobierno están imposibilitadas a cumplir con las cuotas asignadas y, por lo tanto, ante la negativa de conseguir los recursos necesarios que se requieren para el acarreo, seguramente no se alcanzarán las metas fijadas en cuanto al número de votantes que participen en la jornada electoral.
El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum presenta indicios de una recesión económica precedida ya de un estancamiento económico que inhibe la generación de empleos y, por supuesto, de desarrollo económico que incide en la captación tributaria, que es la principal fuente de ingresos que tiene el gobierno para solventar sus gastos.
En este contexto se les ocurrió la genial idea de reformar el Poder Judicial, que no solo acabó con la confianza de los inversionistas en México, sino que le metió más carga fiscal a las atribuladas finanzas públicas.
Este es el escenario en el cual se va a llevar la farsa de la elección judicial que, en términos de gobernabilidad, no aporta nada y, en cambio, trastoca todo el sistema judicial al mover toda la estructura del Poder Judicial con la incrustación de jueces de pacotilla a modo del régimen, que, en la mayoría de los casos, carecen de la experiencia necesaria para dictaminar con pleno apego a la Constitución.
Y todavía falta, además de la jornada electoral, observar cómo opera en el día a día, con miles de casos judiciales, el nuevo Poder Judicial, con una Suprema Corte de Justicia de la Nación con clara proclividad a la 4T y ciertos magistrados y jueces coludidos con criminales.
En medio de la salvaje presión ejercida por Donald Trump sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantiene el capricho de llevar a cabo la elección judicial, que en el fondo permite consolidar un régimen autoritario alineado a otras dictaduras de la región como Cuba y Venezuela.