Son 64 candidatos que aspiran a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de ellos, son tres mujeres que aspiran a convertirse en la primera ministra presidenta de la 4T en la Corte; nos referimos a Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, quienes repetirán como ministras en el máximo tribunal, aunque solo una de ellas tendrá el privilegio de dirigirlo.
Bueno, pues las tres arrancaron el domingo sus campañas infringiendo la ley electoral, ya que, contra lo que señalan los ordenamientos legales en la materia, participaron en un mitin con cientos de acarreados, lo que representa un costo que debe incidir necesariamente en sus gastos de campaña y, si consideramos que tienen como límite 1,468,841.33 pesos, pues a este paso lo rebasarán en la primera semana de campaña.
Esquivel, con chaleco morado y en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), fue arropada por la Sección 36 del SNTE. Con Ortiz estuvieron los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, en el auditorio de esta central obrera, además de trabajadores de la Cooperativa La Cruz Azul y comerciantes de La Merced, entre otros gremios.
En tanto, la ministra Batres estuvo afuera de la Corte, acuerpada por simpatizantes y militantes de Morena y trabajadores al servicio del Estado.
Pronto veremos, aunque esté prohibido, en los medios de comunicación y redes sociales, campañas publicitarias disfrazadas de reportajes, cobertura informativa y opiniones de columnistas en favor de determinada candidata.
Lo grave del asunto es que en la lista final de aspirantes a ser juzgadores ya se colaron personas non gratas o personajes vinculados al crimen organizado, además de que, no obstante existir prohibición expresa sobre el financiamiento público o privado, es muy alta la posibilidad de que los recursos para financiar las campañas vengan de estas fuentes.
Hay que decirlo con todas sus letras: el INE no tiene la capacidad operativa para supervisar a los 4 mil 97 candidatos a nivel federal que participan en esta elección y menos auditar el gasto real de todos los suspirantes.
Como es del conocimiento general, el INE de Guadalupe Taddei y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que preside Mónica Soto, están totalmente plegados a los designios de la presidenta de la República. Entonces, bajo esta lógica, serán los principales guardianes para que no se les toque a los candidatos del oficialismo ni con el pétalo de una rosa, incluyendo las ministras señaladas, para que avancen en sus propósitos.
De inmediato veremos quiénes son los candidatos favoritos de la 4T para ocupar los 881 cargos de nuevos juzgadores, porque el acarreo es evidente y manifiesto.
Los ojos de la comentocracia están puestos en la nueva conformación de la Suprema Corte y de quien la presidirá y, si no ocurre nada extraordinario, será la ministra Yasmín Esquivel quien logre este privilegio, ya que está apoyada por fuertes centrales de sindicatos, amén de que goza de los afectos de la presidenta, eso sin contar que cuenta con los recursos económicos y relaciones políticas de peso para alcanzar su sueño guajiro.
Desde luego, la campaña es el escenario ideal para arrancar las hostilidades entre los suspirantes, por lo que se avecina una guerra sucia, soportada en el fuego amigo para desacreditar a la ministra Esquivel, quien arrastra el rechazo de la comunidad universitaria y de sectores de la sociedad que están informados y poseen alta escolaridad, por el plagio de su tesis universitaria y el revanchismo que opera contra las máximas autoridades de la UNAM. Ese fuego amigo surgirá de las propias filas del oficialismo que apoyan a Lenia Batres, principalmente.
Mientras tanto, lo que queda de la oposición ha advertido que la presidenta Sheinbaum meterá las manos en el proceso. El diputado Rubén Moreira, pastor de sus correligionarios en la Cámara baja, acusó que la elección es y será una farsa, al señalar que solo van a formalizar la imposición de jueces, magistrados y ministros. “Les están viendo la cara; no van a elegir a nadie, ellos van a poner los nombres”. En tanto, Ivonne Ortega, de MC, resaltó que “no hay confianza en esa elección y si los actores insisten en no cumplir las reglas, se pondrá en riesgo el Estado de derecho”.
Si comparamos esta elección con la del año pasado, pues nada qué ver, ya que en 2024 se instalaron 170 mil casillas y ahora serán casi 84 mil y el presupuesto asignado neto para 2025 es de 4 mil 350 millones, casi la mitad del 2024. Lo contrastante del asunto es que ahora están en disputa más cargos federales que el año pasado. Son 881 contra 629 del 2024.
Estamos en la víspera del mayor fracaso electoral en la incipiente democracia mexicana.