Con 60 días de campaña por delante, los candidatos a ocupar una de las 881 plazas de juzgadores salen a las plazas públicas para convencer a los votantes de, primero, participar en la elección y, segundo, motivar a que voten por ellos, lo que se antoja una misión casi imposible para todos, en particular para el electorado que no tiene los mínimos conocimientos sobre esta elección judicial que nos convirtió por decreto presidencial en la “democracia más avanzada del mundo”, tal como sucedió con aquella mentira de AMLO en torno a que “tendremos el mejor sistema de salud del orbe”.
Sin Programa de Resultados Electorales Preliminares, sin conteos rápidos, sin participación ni representación de partidos políticos, sin que los ciudadanos cuenten los votos en la casilla, sin cancelación individual de boletas y otras limitantes, se anticipa que los márgenes de abstencionismo estarán entre el 80 y 90% de la lista nominal, lo que evidentemente será el mayor fracaso electoral de la vida democrática del país.
En momentos en que el presidente Donald Trump nos pone su bota en el cuello con la imposición de aranceles y otras medidas proteccionistas a sus productos, lo que ahuyenta la inversión en México, se le ocurrió a la dupla AMLO-Sheinbaum impulsar una reforma judicial que tiene como resultado garantizado contar con juzgadores subalternos alineados a los intereses del gobierno y no en hacer respetar el orden constitucional.
La farsa que le costará a México más de seis mil millones de pesos y que trastocará todo el sistema judicial, al tiempo de atentar contra los derechos humanos de la población y aniquilar la división de poderes que es la piedra angular de un régimen democrático, entra a su etapa más complicada, en donde los candidatos a ser juzgadores tienen 60 días para convencer a un apático electorado de que alguno de los 4 mil 97 candidatos representa la mejor opción para ocupar una de las 881 plazas federales que estarán en juego y lo harán con sus propios recursos económicos y sin derecho a contratar pautas publicitarias para viralizar sus mensajes.
Esto es a nivel federal, porque a nivel local habrá elecciones judiciales en 19 entidades, así que habrá que sumarle en esos estados otro montón de candidatos. Por cierto, en esa enorme lista de aspirantes, hay de todo, desde personajes de dudosa reputación hasta miembros de iglesias y uno que otro malandro que busca colarse por la puerta de atrás del edificio de la justicia para proteger a sus cómplices.
Las plazas de juzgadores que estarán en disputa son 9 cargos a ministras y ministros de la SCJN (5 mujeres y 4 hombres); 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral (1 mujer y 1 hombre); 15 magistraturas de las salas regionales del TEPJF (10 mujeres y 5 hombres); 5 cargos de magistraturas de Disciplina Judicial (3 mujeres y 2 hombres); 464 cargos de magistraturas de Circuito, y 386 cargos de juzgadores de Distrito.
Está claro que, al final, se conformará una lista definitiva con la venia de la jefa del Poder Ejecutivo federal, sobre todo para conformar la nueva Suprema Corte, para evitar sorpresas y colados, lo que significa que la aplanadora electoral de Morena, PVEM y PT retacará las urnas con votos a favor de los candidatos del oficialismo, aunque esté prohibido hacerlo, pero eso qué importa si al fin y al cabo el Tribunal Electoral y el INE están subordinados a los designios de la presidenta de la República.
La farsa es que el absolutismo se concrete con tener un Poder Judicial a modo, al igual que ocurre con el Poder Legislativo.
Si algún candidato independiente se logra colar para ocupar una de estas 881 plazas, debe tener cuidado para evitar ser sancionado por el INE o el TEPJF y con ello perder lo que ganó en las urnas, al evitar a toda costa recibir dinero público o aceptar aportaciones de simpatizantes; y debe eludir realizar acciones que tienen que ver precisamente con el marketing político, como compras de pautas publicitarias en medios de comunicación o publicidad itinerante, entre otras.
Lo único que pueden hacer son tres tareas: acudir a foros y debates; entregar volantes impresos en papel biodegradable en plazas y vía pública, y utilizar sus redes sociales para emitir mensajes, sin pago de pauta.
Por si fuera poco, el INE prohibió al gobierno la promoción de la elección porque los mensajes que están ya al aire no son imparciales y tienen, eso lo digo yo, una buena carga de inducción política, lo que fortalece el pronóstico de que serán las elecciones con el mayor fracaso electoral de la democracia mexicana, tanto por el grado de abstencionismo como por el dispendio de recursos y todo, en aras de nombrar a jueces alineados a la 4T y ejecutar la venganza tabasqueña contra aquellos ministros y jueces que osaron aplicar la Constitución por encima de lo que él quería.