¿No sería mejor aprehender a todos los políticos cómplices de los capos de la droga, en lugar de, en un acto pleno de populismo y obsoleto nacionalismo, modificar la Constitución para reforzar la soberanía nacional, cuando en el texto constitucional ya existe un articulado específico en la materia?
En lugar de enrollarse en la bandera del nacionalismo ramplón, ¿no sería más adecuado a la cruenta realidad modificar la Carta Magna para sancionar con penas más severas, incluso la cadena perpetua, a todos esos servidores públicos? Esto incluye desde el presidente de la República hasta gobernadores que se hayan coludido con los narcotraficantes.
Aunque estamos en tiempos en que existe un velo proteccionista contra personajes de la 4T que se han visto involucrados con los capos, es vital para el país y para la gestión de la presidenta Sheinbaum que se aplique toda la fuerza de la ley contra esos servidores públicos. Estos traicionaron vilmente la confianza que les otorgaron los ciudadanos en las elecciones.
Llamó la atención en la discusión de la reforma en la Cámara de Diputados las intervenciones de algunos legisladores de oposición, en particular del PRI. Ellos advirtieron que no se puede permitir que se utilice a la Cámara baja y a la Constitución como una cortina de humo para justificar los fracasos de Morena en seguridad, economía y diplomacia.
En los argumentos de los legisladores del PAN, recriminaron que se evitó incorporar en el texto aprobado sancionar a todos los políticos que se alineen con el narcotráfico. Fueron más allá al presentar reservas al dictamen respectivo, para que la reforma incluyera castigos por traición a la patria a los expresidentes que se hubieran coludido con el crimen organizado.
Este es el quid del asunto. Es lo que subyace en los reclamos de los norteamericanos en torno a que los esfuerzos del actual gobierno de México en materia de combate al trasiego de fentanilo son totalmente insuficientes. Esto ocurre si no son acompañados con repatriar a narcogobernadores e incluso a funcionarios de altísimo nivel del gobierno federal de la pasada administración.
Lo ocurrido en el campo de concentración y exterminio ubicado en Jalisco, en el rancho Izaguirre, a unos cuantos kilómetros de Guadalajara, en el municipio de Teuchitlán, es una señal ominosa de la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Unos fueron omisos y otros cómplices de uno de los cárteles más sanguinarios de México, como es el CJNG.
Por desgracia, este campo de exterminio no es el único en el país; al contrario, hay centenares de fosas comunes en buena parte del territorio nacional.
Luego de que el gobierno de Donald Trump declarara terroristas a estos criminales mexicanos, lo que faculta, de acuerdo a su legislación, a perseguirlos, aprehenderlos e incluso aniquilarlos sin importar que estos malandros se escondan fuera de Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum mandó una iniciativa de reforma constitucional al Congreso en donde se establece que el pueblo de México no aceptará bajo ninguna circunstancia la intervención, intromisión o cualquier acto desde el extranjero que sea lesivo de la independencia, la integridad y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o violación del territorio nacional por tierra, mar o espacio aéreo.
La Cámara de Diputados aprobó, en general y en específico, el dictamen que cambia el segundo párrafo del artículo 19 y añade los párrafos segundo y tercero al artículo 40 de la Constitución Política. Esto es sobre el fortalecimiento de la soberanía nacional y el tráfico ilegal de armas.
Con la mayoría calificada de 327 votos a favor, 116 en contra y cero abstenciones, se aprobaron en lo particular y en términos del dictamen los artículos 19 y 40, así como los transitorios primero y segundo. Se remitió a las legislaturas de los estados y de la CDMX para los efectos del artículo 135 constitucional.
El dictamen también establece que a cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, “se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.
En el transitorio expone que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán hacer las adecuaciones normativas que deriven de la presente reforma. Esto debe hacerse en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del decreto.