Se presentó la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización e Informe General de la Cuenta Pública 2023, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, y con ello arrancan las revisiones y, en el último de los casos, los asuntos que deberán ser turnados a la Fiscalía General de la República por posibles delitos cometidos en el manejo de los recursos públicos.
Informó David Colmenares, titular de la ASF, que en la realización de las mil 623 auditorías que se entregaron, se recuperaron en favor de la Federación más de 930 millones de pesos. Los montos que se reportan como recuperaciones operadas no son cifras estáticas, ya que continúan incrementándose tanto en la etapa de seguimiento como en las posteriores. Por ello, “la cifra de recuperaciones correspondiente a esta tercera etapa, sumada a las recuperaciones efectuadas durante nuestra gestión, da una cifra de más de 27 mil millones de pesos”.
Aclaró que todos los resultados con posible daño patrimonial pasan a una segunda etapa de fiscalización en la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, en donde se podrían aclarar las observaciones determinadas durante el proceso de auditoría o se daría inicio a las investigaciones correspondientes, la presentación de denuncias penales y procedimientos resarcitorios en contra de los funcionarios responsables, según corresponda.
Sin embargo, todavía estamos en espera, por ejemplo, de la detención de Ignacio Ovalle, quien fuera director de Segalmex durante el mayor desfalco de la historia en el ejercicio de recursos públicos, en el cual salieron afectados varios chivos expiatorios.
Una de las preocupaciones del presidente en turno, es precisamente que durante su gestión, los reportes de la ASF no representen escándalos y menos que tengan repercusiones políticas y por ello están muy atentos a las auditorías que ese este órgano revisor aplica en el manejo de los presupuestos asignados y para decirlo suavecito, en el sexenio de AMLO, la marcación personal que se aplicó por parte del tabasqueño y sus subalternos contra David Colmenares fue agobiante y todo para que le bajara a la “intensidad de sus observaciones”, como fue el caso cuando advirtió del daño patrimonial de 300 mil millones de pesos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco y sus repercusiones en el pago de daños a terceros.
Tuvo que bajarle Colmenares tres rayitas a su belicosidad para mantener apaciguadas las aguas que ya exigían su remoción.
Ciertamente, para no molestar al nativo de Macuspana, diremos que se tuvieron que “matizar” algunos resultados de las auditorías, como fue el caso de Segalmex, las obras emblemáticas: Dos Bocas, AIFA y Tren Maya, así como los programas de política social, que en la mayoría de ellos, por cierto, se carece de las reglas de operación y transparencia presupuestal.
En estos momentos, por ejemplo, todavía no se sabe a ciencia cierta el resultado y las consecuencias del daño patrimonial que determinó el órgano auditor correspondiente a la cuenta pública de 2022.
El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla (PRI) dijo que, tomando como base las entregas previas de resultados del 2022, se encontró que hay 29 mil millones de pesos que no han podido ser aclarados por la ASF, por lo que pidió que se especifique el destino de estos recursos.
Precisó que dicho monto es del pueblo de México; por ello, se debe seguir vigilando y dar puntual seguimiento, por lo que solicitó se informe de manera especial y detallada a la Comisión de Vigilancia sobre cada avance y acción emprendida para esclarecer el destino de ese dinero que pertenece a la ciudadanía.
Los informes sobre la Cuenta Pública, ciertamente, son un ejercicio de rendición de cuentas, con la transparencia y la eficiencia en el gasto del erario.
Los resultados de las auditorías también permiten al jefe del Ejecutivo federal evaluar a sus subalternos, tanto por la eficiencia y probidad en el manejo de los recursos públicos como en el logro de resultados.
Si realmente se le quisiera dar una utilidad política y funcional a los informes de la Cuenta Pública, la presidenta Sheinbaum debería ponerle lupa a los focos rojos que le heredó su antecesor y, aunque sean del mismo proyecto político, eso no significa que tenga que solapar la corrupción y la ineptitud.
De hecho, algunos malosos le aconsejan a la doctora no dejar pasar las revisiones de la Cuenta Pública del 2023 y 2024, en tanto no se alineen el oficialismo y Morena a sus designios.
La fiscalización no es un trámite burocrático ni un ejercicio técnico sin consecuencias, sino un pilar fundamental de la democracia, porque cuando se habla de recursos públicos se refiere, verbigracia, a hospitales con medicinas, infraestructura y programas sociales dirigidos a quienes más lo necesitan.