Desde San Lázaro

El robo del siglo

Los legisladores de Morena y rémoras pretenden aprobar una iniciativa para que el gobierno ‘administre’ 2.2 billones de pesos del Infonavit, sin supervisión ni control alguno.

Muchos han hecho aportaciones voluntarias por años a su subcuenta de vivienda del Infonavit y otros esperan ejercer sus recursos cuando lleguen a los rangos que les permitan adquirir una vivienda digna o sumarla a la del cónyuge para aumentar la cantidad; sin embargo, de repente los legisladores de Morena y rémoras aceleran el paso para aprobar en el Congreso una iniciativa para que el gobierno ‘administre’ 2.2 billones de pesos, sin supervisión ni control alguno, en un programa que permitirá construir un millón de viviendas tanto para trabajadores afiliados a este organismo o incluso para aquellos que no gozan de esta prestación.

Los 2.2 billones de pesos no son del gobierno, vamos, ni siquiera ha metido un peso, sino de los trabajadores que, mediante las cuotas obrero-patronales, han formado un pequeño o gran patrimonio a lo largo del tiempo en las subcuentas de vivienda.

Dicen los legisladores de Morena que el atraco no se hará en este año, sino que será el otro. El haber postergado esta decisión para 2025, por parte del oficialismo, solo ha trasladado el saqueo para dentro de nueve semanas, porque al final del día será consumado.

Se trata del robo del siglo y, de llegarse a consumar, se verán afectados más de 20 millones de trabajadores con el despojo de sus recursos depositados en la subcuenta de vivienda del Infonavit.

En el Congreso ha habido algunas voces de inconformidad, pero solo eso, y a lo que más se han atrevido es proponer la realización de un Parlamento abierto para escuchar las opiniones de todos los involucrados en el tema de la reforma del Infonavit, cuando en la realidad, sabemos que esos foros solo sirven para justificar los mandarriazos de la autocracia.

Bueno, y para acabarla de amolar, la administración de estos 2.2 billones de pesos la hará un hombre que es el prototipo de la ineptitud y la corrupción, y nos referimos al exdirector de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien le puso el último clavo al ataúd de esta empresa pública al mantenerla en los peores niveles de producción de su historia y como la petrolera más endeudada del mundo.

Este sujeto será el encargado de despacharse con la cuchara grande del dinero que, por décadas, los trabajadores de las empresas han ahorrado y que muchos, por cierto, votaron por Morena y sus candidatos en los pasados comicios.

La iniciativa para reformar el marco jurídico del Infonavit le da el total control del gobierno en las decisiones para administrar los fondos de la subcuenta de vivienda, por encima de los propios trabajadores y patrones, quienes, de forma conjunta, han constituido este fondo.

Hay que decirlo con todas sus letras: el gobierno de la 4T padece de una quiebra técnica que se refleja en un déficit en donde los gastos son superiores a los ingresos y por ello, además de endeudar al país, a presentes y futuras generaciones, intenta apropiarse del dinero que no es suyo, pero que les permita seguir gastando a manos llenas en obras que no tienen ningún retorno social de inversión y menos ser productivas como la refinería de Dos, Bocas, el Tren Maya, Mexicana de Aviación o la Megafarmacia y tantas obras más que han sido producto de la improvisación y ocurrencias del mesías de Macuspana, además de ser la fuente inagotable de dinero para engrosar las cuentas bancarias de funcionarios públicos.

La Afore que administra el Infonavit es la quinta más grande del país y se ha caracterizado por darle rendimientos a los trabajadores por encima de la media; empero, ahora eso no será suficiente porque el gobierno de la presidenta decidió tomar 2.2 billones de pesos por voluntad propia y capricho para fondear sus proyectos a su gusto y conveniencia.

Llama la atención que los propios sindicatos de trabajadores y de empresas han levantado la voz de forma temerosa y a escondidas para que el gobierno no se moleste, no vaya a ser que en una de esas decidan quitar a sus líderes charros.

Desde luego, legalmente el despojo no tiene sustento, toda vez que, aunque modifiquen las leyes respectivas, los dueños de ese dinero tienen nombres y apellidos y en ese sentido la Constitución los protege, aunque se me olvidaba, con los jueces a modo que pondrá la 4T el otro año, pues no procederán las demandas y menos si se amparan, porque también los juzgadores de esta instancia serán totalmente proclives a los que ordene la señora Presidenta.

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