En momentos en que se procesa la etapa final para conformar la tripleta de candidatos para ocupar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de inmediato surgen las analogías con procesos similares que a la postre resultaron un fiasco, como fue el caso de la elección de la titular de la CNDH, en la que, a pesar de que Rosario Piedra fue la aspirante peor calificada, fue seleccionada por el dedito destapador de corcholatas que despacha en Tabasco.
Este procedimiento instaurado por la 4T para taparle el ojo al macho y con ello darle cierto toque de democratización a los procesos de selección, como será el caso de la nominación de los nuevos jueces, magistrados y ministros, trae también cartas marcadas en el caso del nuevo titular de la Fiscalía de la capital del país, con el nombramiento de Bertha Alcalde Luján, que viene respaldada por su ‘insigne apellido’ y por la ascendencia que tiene con la presidenta de la República.
El procedimiento prosigue para escoger a la tercia de finalistas que serán puestas a consideración de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y elija al titular de esta dependencia, o en su caso, pasarle el balón al Congreso local para que haga lo propio en el entendido de que, al final de cuentas, el resultado será el mismo; Alcalde Luján será la nueva fiscal capitalina.
En estos momentos hay siete perfiles que pasaron todos los filtros para colocarse en la antesala del nombramiento y ciertamente destacan por su trayectoria profesional vinculada a la procuración de justicia; por lo menos un par de prospectos que bien pudieran dar realce a esa institución que, por cierto, está podrida desde sus cimientos por la corrupción y la impunidad que afecta, desgraciadamente, a los que carecen del dinero suficiente para librar la cárcel.
El sufrimiento que pasan los ciudadanos de a pie en las áreas de atención de la Fiscalía, cuando pretenden presentar una denuncia o cuando son sujetos de una acusación viciada por la mano de la corrupción, es nada deseable para nadie.
Caer en las garras de los ministerios públicos de la capital, que están coludidos con jueces sin escrúpulos, representa la antítesis de lo que significa el Estado de derecho.
Ojalá que la presidenta de México tome cartas en el asunto para empezar a sanear este organismo con la designación de un perfil adecuado para darle un nuevo rostro que respete el orden constitucional.
El Consejo Judicial Ciudadano eligió a esos siete aspirantes, entre los que destacan Ulrich Richter, José Alejandro García Ramírez, Elena Valero y Alberto Martell, personajes que cumplen con creces los requisitos solicitados.
Los capitalinos pueden emitir sus opiniones en torno a los siete candidatos para ocupar la titularidad de la FGJCM, además de que el consejero Emiliano Robles afirmó que la convocatoria tiene candados para evitar que una fuerza política envíe opiniones masivas en favor de alguno de los elegibles a fin de que gane el cargo, aunque surge la inquietud de inmediato de cómo le harán para evitar los dados cargados en favor de Bertha Alcalde Luján.
El tiempo callará bocas, sobre todo la del presidente del Consejo Judicial Ciudadano, José Nader Kuri, quien vocifera a los cuatro vientos que no hay favoritismo en favor de Alcalde Luján.
En este espacio, analizaremos algunos perfiles de los siete seleccionados a la fase final, como es el caso de Ulrich Richter Morales, quien es egresado de la Escuela Libre de Derecho y maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es doctor honoris causa, título otorgado por el Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa y tiene doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Su ejercicio profesional se ha desarrollado en dos vertientes, la primera como abogado postulante en materia mercantil, penal, civil y de amparo; y la segunda como activista ciudadano. Fue coordinador de asesores en 1998 del entonces procurador capitalino Samuel Ignacio del Villar Kretchmar.
En el campo de la participación ciudadana, destaca que fue consejero (2006-2011) del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República, así como secretario del mismo desde 2008 hasta junio de 2011. También fungió como secretario del Consejo de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, AC (2008-2011). Es fundador y presidente de Ser Mexicano Es, AC.
Autor de los libros Manual del poder ciudadano. Lo que México necesita (2011), edición de bolsillo actualizada del citado texto (2013); De la protesta a la participación ciudadana (2014); El ciudadano digital. Fake news y posverdad en la era de Internet (2018); El ciudadano republicano y la cuarta transformación (2019); Los filósofos en la era tecnológica. Los pitagóricos de hoy (2022), entre otras obras.
Es miembro de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, AC; de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, AC; de la Legión de Honor Nacional de México y de la Organización Filantrópica Shriners International.