El deseo de terminar con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por el presidente López Obrador, atenta no solo contra la rendición de cuentas y la transparencia, sino que también intenta encubrir con la opacidad a la galopante corrupción que prevalece en el gobierno de la autollamada cuarta transformación.
El régimen democrático se consolida en la medida en que los funcionarios públicos exhiban a la luz del escrutinio público, todas sus tareas de gobierno y el ejercicio de los recursos públicos que se les asigna.
El INAI es una institución fundamental en el andamiaje jurídico, para garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la información pública y a la protección de sus datos personales, así como promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
En efecto, esta institución es uno de los principales contrapesos del poder. Su autonomía constitucional fortalece su facultad para evitar que algún poder impida o límite el derecho a saber de los ciudadanos.
Bajo estas elementales premisas, el INAI debe tener por parte de los tres poderes de la Unión, la protección y todos los recursos que requiera para cumplir con sus facultades. Sin embargo, el presidente López Obrador se ha empecinado en aniquilarlo al impedir el nombramiento por parte del Senado, de los dos comisionados que requiere para seguir operando.
Se han esgrimido todo tipo de argumentos desde Palacio Nacional para denostar al Instituto, desde que no sirve para nada, que es un cero a la izquierda, hasta acusarlo de que es un lastre burocrático, aunque los datos duros señalen que el INAI solo cuesta siete pesos al año a cada mexicano.
Para la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Blanca Lilia Ibarra, “el INAI no trabaja para el poder, sino para la gente”, y tiene razón, y es por ello que la visión del poder totalitario es una piedra que el actual régimen trae permanentemente en el zapato.
Los señalamientos que han esgrimido varios legisladores panistas, como el senador Julen Rementería, en torno al deseo de los morenistas de desaparecer al INAI, son “porque no quieren que los cachen robando”. Esta acusación que pudiera sonar, hasta hace unos días, excesiva, tiene sentido a la luz de los últimos sucesos.
Cierto, a través de solicitudes de información a ese organismo se construyeron grandes investigaciones periodísticas como la ‘estafa maestra’ de Segalmex, la ‘casa gris’ de Houston, los inmuebles de Manuel Bartlett Díaz, los activistas cubanos con disfraz de médicos, la rifa del avión presidencial, la caducidad de vacunas y medicamentos; y más asuntos que ventilan la corrupción que prevalece en este gobierno, como la casi eliminación de las licitaciones públicas, para dar paso a las adjudicaciones directas a los consentidos y familiares.
El desmembramiento del pleno del INAI, para evitar que sesionen y con ello ordenar a alguna autoridad entregar la información, es un propósito fundamental del principal huésped de Palacio Nacional y ello habla de su talante autoritario.
Los escarceos que ocurren en el Senado de la República por parte de los legisladores de oposición para presionar al oficialismo a nombrar a los comisionados que faltan para que sesione el pleno del INAI, no llegarán a feliz puerto, porque se carece de voluntad política por parte del presidente para que ello ocurra.
El Consejo Consultivo del INAI tramitó un incidente por incumplimiento judicial del Senado en el nombramiento de dos de sus comisionados, que fueron vetados por AMLO.
Como se aprecia, el tema ya está en los tribunales y seguramente al final del día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside la ministra Norma Piña, autorizará a ese órgano autónomo sesionar con menos de cinco comisionados por la afectación que genera esa situación a los derechos fundamentales de la población, en virtud de la negativa de los senadores de Morena y rémoras de nombrar a los dos comisionados faltantes.
La opacidad será un estigma que perseguirá a los servidores públicos más allá de su gestión, y por ello decimos que será uno de los legados de López Obrador.
“Lo que más nos conviene es que haya un periodo de impasse, es decir, que el órgano de transparencia quede inoperante… Estamos en el mundo ideal”, estas son las palabras textuales del presidente que expresó a su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y que fueron reveladas por este último.