Con bombo y platillo las fracciones parlamentarias de Morena, PT, PVEM y su nuevo aliado el PRI, en la Cámara baja, anunciaron el descubrimiento del hilo negro con la “reintegración” de las prerrogativas para atender a la población en caso de desastres naturales y contingencias, sin establecer los mecanismos para que se etiqueten esos recursos a esos fines.
Lo que aprobaron los diputados en la Comisión de Reforma Político-Electoral ya está considerado en las leyes respectivas y solo faltaba establecer el aseguramiento de que esos recursos para los fines descritos llegarán al destino final y no lo que hicieron con este remedo legislativo.
Es decir, el dictamen con proyecto de decreto en materia de renuncia parcial y/o devolución del financiamiento para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos que pugna por reformar los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos y adiciona el artículo 19 ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es solo una estrategia mal diseñada para capitalizar electoralmente esos ‘gestos heroicos’ que hacen los partidos políticos alineados al gobierno.
Dice el texto aprobado que los recursos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación por acuerdo del Consejo General de la autoridad electoral, cuando no hayan sido entregados a los partidos políticos y a solicitud del Comité Ejecutivo Nacional o instancia equivalente que ostente la representación legal del partido. Bien por ello, pero no habla de etiquetar esos recursos para atender los desastres naturales y otras situaciones de emergencia que eventualmente padezca la población como, por ejemplo, la pandemia derivada del COVID-19.
El diputado panista, Santiago Torreblanca Engell, apuntó que esta iniciativa, aparentemente noble, es un error. Aseguró que los partidos políticos ya están facultados para solicitar al INE la renuncia al financiamiento que no se les ha sido otorgado, “ya se puede, no hace falta hacer ninguna reforma. No agregan nada nuevo, están reiterando una obligación que ya tiene, que la ministración mensual ya otorgada pueda devolverse directa a la Tesorería de la Federación, sin necesidad de pasar por el INE, lo cual no es posible porque sólo pueden utilizarse los recursos ya entregados para los fines establecidos por la ley.
Por el PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez propuso analizar la propuesta, porque se va a utilizar para fines electorales. Se hace uso de argumentos tramposos más allá de la buena fe, al no garantizarse que los recursos devueltos se destinen a comprar vacunas, medicamentos o a educación.
La diputada Ivonne Ortega Pacheco ahora de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la propuesta es una simulación y obedece al objetivo particular del partido en el poder. “Estamos para legislar por el interés general de la ciudadanía no por intereses particulares. El derecho de los partidos de devolver los recursos públicos ya existe y hay condiciones para hacerlo, no es algo nuevo”. Afirmó que se tiene el riesgo de utilizar este tipo de acciones de forma electorera.
En el mismo sentido, Jorge Arturo Espadas Galván refirió la pésima redacción del dictamen, que hará necesario que el INE en su función de unidad administrativa, aclare los supuestos no regulados en que se pueden devolver los recursos, para establecer los ‘cómos’ y puedan destinarse en los rubros que se plantean, porque no hay claridad en el marco normativo.
En las próximas semanas se debatirá en el Congreso sobre la nueva reforma electoral y si van a seguir, me refiero al partido en el poder y sus compinches, con la simulación y el agandalle para convertir al INE en una dependencia del gobierno; en recortar las prerrogativas de los partidos políticos, en donde se afecta más a los de oposición, y en eliminar a los legisladores plurinominales, pues, menudo golpe le darán al régimen democrático que, por cierto, en estos días sufre el mayor embate al que se ha visto sujeto por lo menos en los últimos 50 años.