La expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas en 1938 fue a favor del pueblo y del patrimonio de la Nación; en cambio, la de Andrés Manuel López Obrador es contra el patrimonio de todos los ciudadanos y empresas que han logrado abatir sus costos de electricidad, por ejemplo, mediante la generación de energías limpias que son más económicas y sustentables.
Revertir la reforma energética que se impulsó el sexenio pasado significa darle el golpe de gracia a Pemex y la CFE, empresas productivas del Estado que no pueden competir en igualdad de condiciones con el sector privado y por ello, AMLO pretende estatizar el sector para con ello, regresar a los monopolios del Estado que no representan ningún beneficio para el grueso de los mexicanos -claro, con excepción de los habitantes de Tabasco, ya que a ellos les regalan el fluido eléctrico- y sí pondrá al país al borde del caos energético.
Tal como sucedió con la reforma eléctrica del presidente, en la que el Poder Judicial detuvo su aprobación, ocurrirá los mismo con la iniciativa de la Ley de Hidrocarburos, que será aprobada en procedimiento fast track, en donde no medie siquiera la discusión entre los legisladores de todos los partidos políticos.
El Congreso se ha convertido en una oficina que depende de la Presidencia de la República y por ende aprueba sin el análisis respectivo las iniciativas presidenciales; lo que sea, con tal de quedar bien con el presidente de México, más ahora que se están publicando las listas de candidatos de Morena que competirán por una curul en la próxima Legislatura.
Toda la faramalla que se monta en la Cámara de Senadores, en donde solo truenan los chicharrones de Ricardo Monreal, y en la Cámara baja en la organización de foros ciudadanos denominados de Parlamento abierto y en los cuales participan los involucrados en los temas que se llevarán a la aprobación del Pleno, son solo una cortina de humo para darle un brochazo democrático al asunto, pero que al final, solo pasa lo que desea el jefe del Ejecutivo federal.
La expropiación petrolera que pretende hacer AMLO también atenta contra diversos acuerdos comerciales internacionales, principalmente el TMEC, por lo que horas, después de que sea aprobada la iniciativa de hidrocarburos por ambas cámaras, comenzarán a llover demandas y controversias, que sin duda serán atendidas por los impartidores de justicia.
Algunos jueces y magistrados se han convertido en el auténtico contrapeso que requiere la democracia y la división de poderes, para impedir que el poder absolutista del Ejecutivo termine de destruir el patrimonio nacional.
López Obrador no es Lázaro Cárdenas y la industria petrolera no padece los embates de los capitales extranjeros como en 1938. Al contrario, gracias a su participación se ha inyectado una extraordinaria liquidez al país, por la captación de importantes inversiones, generación de empleos y pagos de impuestos.
El mayor control que quiere ejercer el gobierno sobre los precios, la distribución, las importaciones y comercialización de los combustibles que impulsa la iniciativa presidencial en torno a la reforma petrolera, simple y sencillamente pondrá a Petróleos Mexicanos como hace cinco décadas, en donde, a diferencia de ahora, la producción del combustible rebasaba los dos millones de barriles de petróleo diarios, a precio incluso por arriba de los cien dólares, pero luego se extinguió por el derroche y la corrupción del gobierno en turno.
Ahora con el paso de los años, el consumo y demanda de los combustibles fósiles ira decreciendo a niveles que en tres lustros muy pocos países en el mundo los seguirán usando, particularmente los subdesarrollados o aquellas economías emergentes que se quedaron viviendo en pasado como sería el caso del México de López Obrador.
Ni la reforma eléctrica ni la Ley de Hidrocarburos que plantea ahora López Obrador garantizan la autosuficiencia energética.
Por el contrario, significan un retroceso; mantienen los vicios, la corrupción, la opacidad, el despilfarro y los rezagos tecnológicos, tanto en la Comisión Federal de Electricidad, como en Pemex.