Esta semana se publicó una encuesta nacional de El Financiero sobre la reforma electoral.
Es uno de los primeros sondeos para medir las preferencias ciudadanas luego de que, en agosto, la presidenta Sheinbaum nombrara una comisión para delinear los contenidos de la propuesta de reforma, así que es un sondeo temprano y aún sin planteamientos específicos oficiales.
No obstante, el ejercicio nos permite ir viendo hacia dónde se mueven los vientos de la opinión pública ante temas que son esperables o que ya han sido planteados con anterioridad respecto de la reforma.
Permítame retomar y comentar algunos de los datos de la encuesta, publicada el lunes en estas páginas.
Un primer aspecto es la postura mayoritaria de la ciudadanía de que la propuesta de reforma y sus contenidos deben ser producto del diálogo y puntos de vista del gobierno, la oposición y la ciudadanía; en otras palabras, debe surgir de la deliberación pública.
Según la encuesta, 64 por ciento apoyó que la reforma resulte del diálogo entre diversos puntos de vista, mientras que 30 por ciento apoya que la comisión de la presidenta Sheinbaum sea la que defina los contenidos.
A diferencia de muchos otros temas, esta postura mayoritaria no presenta divisiones partidarias fuertes que señalen polarización: la mayoría de morenistas, apartidistas y opositores están de acuerdo en que debe prevalecer el diálogo.
Un segundo aspecto, de los más complejos y relevantes quizás, tiene que ver con la manera de traducir votos a asientos legislativos. Actualmente, de los 500 asientos en la Cámara de Diputados, 300 se asignan por principio de mayoría (la candidatura que gane más votos en cada uno de los 300 distritos) y 200 se asignan por representación proporcional (de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos por cada fuerza o partido político).
La encuesta abordó cuál de esas fórmulas tiene más apoyo: 19 por ciento se manifestó a favor del principio de mayoría; 31 por ciento, a favor del principio de proporcionalidad, y 43 por ciento, por continuar con una combinación de ambas. El 7 por ciento restante no tomó postura.
En este planteamiento las diferencias partidarias son un poco más evidentes: los simpatizantes de oposición apoyan mayoritariamente el principio de distribución proporcional al porcentaje de votos obtenidos, mientras que morenistas y apartidistas se decantan en mayor medida (aunque ninguno con mayoría) por la combinación de fórmulas: mayoría y proporcionalidad.
Un tercer aspecto que llama la atención, y que creo que es importante tener en mente, es que las palabras empleadas en la discusión evocan distintos significados, y acaso distintos sentimientos y reacciones de la gente. Por ejemplo, el principio de distribución proporcional al voto obtenido tiene apoyo, pero la frase “representación proporcional” divide opiniones: 38 por ciento la considera como algo bueno, mientras que 40 por ciento la ve en un sentido negativo.
Más aún, la frase “diputados plurinominales” evoca todavía más negatividad; según el sondeo: 20 por ciento expresa una opinión favorable, pero 60 por ciento emite una opinión desfavorable.
Esto significa que hay cosas que en la discusión de la reforma pueden tener un significado negativo de entrada, y otros que son favorables. Por ejemplo, “financiamiento público a los partidos” genera 67 por ciento de opinión negativa, pero “paridad de género” capta 55 por ciento de opiniones positivas. Podríamos ver esto como asimetrías en el lenguaje electoral.
La imagen de los conceptos va a importan en los ejercicios de consulta, deliberación y, por supuesto, en el discurso y la retórica públicas. El encuadre de la reforma importa.
La encuesta tiene más elementos que podríamos ir comentando, en espera de otros ejercicios parecidos; por lo pronto, queden estos datos para el análisis y comprensión de cómo la opinión pública nacional irá percibiendo y evaluando los contenidos y propuestas en los meses siguientes.