¿Puede el derecho a comer bien en México convertirse en una imposición del Estado? Esta semana, la Suprema Corte puso esta pregunta sobre la mesa en relación con los amparos promovidos por embotelladoras subsidiarias de Coca-Cola y por Maison Kayser contra las restricciones para vender productos como refrescos y alimentos procesados de alto contenido calórico y bajo valor nutricional dentro de las universidades.
Sí, ya no solamente en las escuelas de educación básica, sino también en las universidades.
Según la ENSANUT Continua 2023, 38.9% de las personas de 20 años y más presenta obesidad y 37.3%, sobrepeso; además, alrededor de 18% de la población adulta vive con diabetes y una tercera parte lo desconoce.
Entre niñas y niños de 5 a 11 años, 36.5% vive con sobrepeso u obesidad, y en adolescentes la cifra llega a 40.4%.
El gobierno estima que los sistemas públicos de salud destinan cerca de 180 mil millones de pesos al año a atender consecuencias médicas relacionadas con sobrepeso y obesidad. Un problema de estas dimensiones no puede explicarse únicamente a partir de decisiones individuales.
La Ley General de Educación y los Lineamientos que regulan la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas dentro de las escuelas del Sistema Educativo Nacional conforman un entramado normativo que restringe la venta de productos procesados y a granel que no favorezcan la salud por su bajo valor nutricional.
La regulación de alimentos en las escuelas no es nueva. En educación básica, su justificación ha estado vinculada con el interés superior de la niñez. La trama se vuelve más interesante cuando esa misma política alcanza a las universidades, donde la mayoría de quienes estudian son personas adultas que, en principio, pueden decidir con mayor agencia qué consumir.
Ese es uno de los argumentos de las empresas. No obstante, ningún estudiante acudió a reclamar una afectación a su libre desarrollo de la personalidad: las demandantes pretenden defender la libertad de adultos que nunca pidieron ser defendidos.
La Constitución General no reconoce este derecho únicamente a niñas, niños y adolescentes: establece que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y que el Estado debe garantizarla.
Es decir, cumplir 18 años no extingue nuestros derechos sociales ni las obligaciones del Estado.
Desde la reforma educativa de 2019, el Sistema Educativo Nacional abarca de la educación básica a la superior. La discusión, entonces, no consiste en extender a personas adultas una protección diseñada para la infancia, sino en preguntarnos qué significa garantizar un derecho de titularidad universal en los distintos espacios educativos.
Del otro lado está la libertad de comercio. Limitar los productos que una empresa puede vender dentro de una universidad restringe su actividad económica, pero no equivale a prohibirlos ni a impedir que las personas adultas los consuman: pueden seguir comercializándose fuera de los planteles.
Lo que se regula es un espacio específico en el que el Estado busca construir un entorno alimentario más saludable.
Nuestras decisiones no ocurren en el vacío: dependen de lo que está disponible, de su precio y del tiempo que tenemos para elegir. Regular el entorno en las universidades puede ampliar las posibilidades reales de las y los estudiantes para alimentarse mejor, aunque al hacerlo también elimine algunas opciones.
Ahí está el punto de encuentro que esta discusión obliga a trazar entre autonomía, libertad de comercio y derechos sociales. Proteger no necesariamente significa decidir por nosotras y nosotros.
El reto es construir condiciones para elegir mejor sin convertir el cuidado en tutela permanente. Sobre todo cuando, en este terreno, las consecuencias de nuestras decisiones privadas terminamos pagándolas entre todas y todos.