Así como en el aborto nadie está a favor de la muerte, sino a favor de la no criminalización de la mujer, tratándose de la eutanasia el debate debe mantenerse ajeno a manipulaciones argumentativas como las que pretende la Iglesia Católica al sostener que debemos acabar con el dolor y no con el doliente.
Este choque de posturas se da en el marco de la reciente presentación ante el Congreso de la Unión de la llamada “Ley Trasciende”, una iniciativa ciudadana impulsada por Samara Martínez, quien padece una enfermedad renal terminal.
Con ello, Samara transmuta su propio dolor en firme defensa de quienes enfrentan males incurables; no promueve la muerte, sino que humaniza el fin de la vida, desde la compasión, la empatía, la libertad y el amor.
Es una reforma a la Ley General de Salud que permite el acceso a medicamentos necesarios para que, de manera asistida, las personas que enfrenten una enfermedad terminal o bien una enfermedad crónica, degenerativa y discapacitante, puedan dar fin a su vida.
La iniciativa plantea candados y mecanismos puntuales para garantizar que esta decisión sea plenamente consciente y voluntaria.
Adicionalmente, se busca que el Código Penal deje de criminalizar la autonomía y la libertad de los pacientes y de los médicos tratantes, quienes mantendrían en todo caso el derecho de objeción de conciencia para no practicar forzadamente la eutanasia al solicitante, supuesto en el cual se deberá buscar a otro profesional de la salud que voluntariamente acompañe el proceso.
Esto es, si lo analizamos desde esta postura, actualmente la Ley General de Salud obliga a prolongar el sufrimiento, criminalizando así la compasión.
Por ello, Samara ha insistido en que morir con sentido es, en última instancia, otra forma de vivir con plenitud.
Internacionalmente, la eutanasia y el suicidio asistido ya cuentan con marcos legales en diversos países como Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, España, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Australia y Suiza, que permite el suicidio asistido desde 1942.
Estas experiencias reflejan una tendencia global hacia el reconocimiento de la muerte digna como una extensión natural de los derechos humanos y de la libertad individual.
Otro factor importante es que la Ley Trasciende también tiene un impacto económico y social en nuestro país.
Hoy, la mayor parte del costo del cuidado terminal recae en las familias, ya que el sistema público cubre solo una parte de los medicamentos y de la hospitalización.
Más del 40% de los hogares con enfermos crónicos enfrenta un gasto elevado: la atención domiciliaria puede costar entre 8 mil y 15 mil pesos mensuales, mientras que una hospitalización privada puede superar los 80 mil pesos por semana.
Además, menos del 20% de los pacientes que requieren cuidados paliativos los reciben, lo que prolonga los tratamientos costosos y aumenta el sufrimiento familiar y un marcado pesar de culpa por parte del enfermo.
Según estimaciones comparadas con países donde la eutanasia ya es legal, en México una ley similar podría generar ahorros de entre 350 y 900 millones de pesos anuales, al tiempo que reduciría la carga económica y emocional de las familias.
Otro dato interesante revelado por la encuesta nacional de la asociación “Por el Derecho a Morir con Dignidad” es que el 72% de las personas entrevistadas en México se encuentran a favor de la eutanasia.
De ahí el llamado a nuestros legisladores a abrir conversatorios ciudadanos para recibir el testimonio de pacientes, familiares y médicos tratantes de personas en estos supuestos.
Así, si más que un derecho a la muerte, empezamos a abordar la eutanasia como un debate sobre la vida y sobre el derecho a elegir cómo transitarla hasta el final.
Posiblemente, la “Ley Trasciende” llegue a ser un punto de encuentro entre la ciencia, la ética y la compasión del dolor y sufrimiento humano.
Si se legaliza, no sería una obligación; se trataría de un derecho para quien decida ejercerlo.