Punto de encuentro

Medicina tradicional desde el IMSS, sin psilocibina

Estamos frente a una aproximación más decidida desde el sector salud para aprovechar los saberes ancestrales de nuestras abuelas y abuelos sobre la medicina tradicional.

La ciencia ha sido una poderosa forma de comprender el universo y lo humano. Sin embargo, su desarrollo ha estado dominado por una mirada conservadora que ha impulsado la criminalización y marginación de la medicina tradicional indígena y de otros saberes ancestrales, especialmente aquellos cultivados por mujeres. Prácticas como la herbolaria o la partería fueron estigmatizadas como “brujería” o “superstición” desde estándares establecidos bajo el rigor de un grupo poco plural. Hoy, esos conocimientos comienzan a ser reivindicados por su relevancia cultural y medicinal, y algunos avances recientes así lo demuestran.

Como hito relevante tenemos la reciente autorización de la Cofepris para instalar el primer consultorio de medicina tradicional indígena en Sonora, dentro del IMSS-Bienestar de la Nación Yaqui. Espacio a cargo de la sanadora Francisca Rosario Matuz, heredera de los saberes curativos de su madre y guardiana de conocimientos que trascienden la enseñanza de la medicina alopática (Gómez Lima, 2025).

Si bien es cierto que la noticia sorprende, la apertura desde el IMSS forma parte del reconocimiento estatal de la medicina ancestral. Aunque poco se divulga, el Instituto Nacional de Psiquiatría cuenta con una Dirección de Investigaciones en Neurociencia, de la cual dependen dos laboratorios de fitofarmacología que realizan investigaciones interdisciplinarias sobre principios activos de plantas mexicanas empleadas en la medicina tradicional.

Así que, tal vez, estemos frente a una aproximación más decidida desde el sector salud para aprovechar los saberes ancestrales de nuestras abuelas y abuelos que, con el uso de plantas, temazcales, hongos y otros, en muchos casos prometen ser una buena respuesta frente a la crisis de salud mental por la cual atraviesa nuestra era.

En este contexto llama la atención que la semana pasada, la Primera Sala —que está por desaparecer a finales de este mes— de la Suprema Corte, no logró la votación necesaria para resolver un juicio en el que una persona indígena solicitó que se permitiera el consumo de hongos psilocibios. Hongos que son conocidos popularmente como alucinógenos debido a que su ingesta altera temporalmente una red crítica de áreas cerebrales responsables del pensamiento reflexivo, produciendo con ello un estado alterado de conciencia. Alteración neuronal que, según diversos estudios científicos, si se lleva a cabo en espacios terapéuticos, seguros y contenidos, puede provocar cambios positivos y permanentes en la conducta humana.

De ahí que el proyecto de sentencia que se puso a consideración de la Primera Sala, reconociera que la prohibición actual limita la decisión sobre el propio cuerpo, la mente y las experiencias espirituales, especialmente cuando forman parte de una cosmovisión indígena o de un tratamiento terapéutico. Adicionalmente, la propuesta señaló que los hongos con psilocibina han mostrado beneficios clínicos comprobados para tratar depresión resistente, ansiedad, estrés postraumático y angustia en pacientes terminales e, incluso, países como Estados Unidos (Oregón), Australia y Canadá ya permiten su uso terapéutico bajo control médico.

No obstante, la Primera Sala de la actual Suprema Corte prefirió no entrar al fondo del asunto y lo dejó como pendiente de la siguiente generación de ministras y ministros, quienes tendrán que decantarse por continuar la prohibición, por permitir su consumo o bien por ir abriendo poco a poco la puerta hacia la investigación, antes de establecer reglas sin un marco regulatorio adecuado.

La importancia del caso representa una oportunidad tanto para reparar una deuda histórica con las comunidades indígenas y de paso brindar un posible consuelo a las demandas de salud mental desde el sector público en México. Abrir la investigación sobre la psilocibina constituye un punto de encuentro entre la evidencia científica, los saberes tradicionales y los derechos humanos.

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