Israel Vallarta cumple 7 días en libertad, tras haber recibido una sentencia absolutoria, después de casi 20 años en prisión preventiva. Ahora, Israel busca la misma suerte para su hermano Mario, quien permanece recluido en el Antiplano desde el 2012 sin una sentencia que determine su culpabilidad; y para su sobrino, Sergio Cortés Vallarta.
Los Vallarta fueron acusados bajo el gobierno de Felipe Calderón de integrar una banda de secuestradores denominada Los Zodiaco. Acusaciones que hasta la fecha no han podido comprobarse. Este caso es reflejo de una de las etapas más oscuras de la justicia mexicana, en la que la fabricación de delitos se convirtió en un instrumento para legitimar a las instituciones de seguridad.
El montaje televisivo de la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta forma parte de la memoria colectiva de nuestro país. Desafortunadamente, no fue el único. También están los casos paradigmáticos de la “fabricación” de culpables alrededor de la muerte del hijo de Isabel Miranda de Wallace. Lejos de ser excepciones, estos episodios exhiben un sistema judicial descompuesto y deshumanizado que ha utilizado al derecho como un mecanismo de manipulación.
El caso de la familia Vallarta, que comenzó con una detención ilegal y una escenificación transmitida por televisión, continuó con una tortura sistémica para arrancar confesiones forzadas. Veinte años después, la pesadilla aún no termina.
Para Israel, 20 años bajo prisión sin una sentencia —situación que impedía incluso un indulto, porque jurídicamente nunca existió una condena— es un acto en sí mismo criminal. Así, a pesar de que el fallo absolutorio para Israel llega demasiado tarde, abre la puerta para reconocer la magnitud de la injusticia y, sobre todo, para evidenciar la gravedad de la prisión preventiva.
La prisión preventiva es una figura inconstitucional y completamente injusta que, en los hechos, muchas veces constituye una condena indebida. Que alguien esté privado de su libertad sin una sentencia es una afrenta directa a nuestro Estado de derecho. Que alguien pueda permanecer veinte años o más en este limbo jurídico es una aberración.
Este caso nos revela cómo el derecho, creado para proteger a las personas, puede convertirse en una máquina de opresión cuando se manipula. En él, el sistema usó las figuras legales como fachada para legitimar detenciones arbitrarias y sostener discursos oficiales, por lo que son el ejemplo más brutal de cómo la ley castiga sin condena, vulnerando el debido proceso y la presunción de inocencia, y por ello seguirán luchando por Mario y Sergio. La deuda del Estado mexicano es inmensa. Tal vez sea un momento adecuado para que las autoridades revisen estas carpetas de investigación y valoren si existe alguna opción posible para su pronta liberación.
La indignación por el caso Vallarta no debe quedar en anécdota, debe constituir un portal. Detrás de Israel, Mario o Sergio hay miles de personas que viven injustamente en prisión. Y digo injustamente no porque sean inocentes, sino porque son víctimas de un sistema que permitió privarlas de su libertad sin pruebas suficientes, bajo el argumento de detenerlas “momentáneamente” y de manera “preventiva” por existir riesgos de fuga.
Sí, la prisión preventiva permite a la autoridad detener a una persona sin tener pruebas en su contra y con esa detención ganar tiempo para conseguirlas. Pruebas que pueden nunca llegar y lograr que un acto que era “preventivo” y “momentáneo” dure igual o más que una sentencia condenatoria. Así, la sentencia absolutoria de Israel es, de cierta forma, simbólica. Por eso, este caso debe servirnos como punto de encuentro para exigir lo que sigue siendo una deuda pendiente. Verdad, reparación y garantías reales contra la prisión preventiva y la tortura. Mientras no se corrija, México seguirá siendo un país donde la justicia se fabrica.