Se tuvo que morir la señora Wallace para que la Primera Sala de la Suprema Corte concediera la libertad a Juana Hilda González Lomelí, tras haber pasado injustamente más de 19 años en prisión. Su confesión —obtenida mediante tortura— fue la falsa prueba principal para condenarla a 79 años de cárcel por el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda en 2005.
Todavía recuerdo las visitas de Isabel Miranda de Wallace durante la resolución del caso Florence Cassez. Su protagonismo mediático, sus amenazas y su influencia sobre autoridades le permitieron, por un tiempo, construir narrativas que, lejos de tener sustento probatorio, se basaban en confesiones obtenidas bajo coacción. Sí, la señora Wallace fue uno de los agentes responsables en la creación de un clima que eliminó temporalmente la presunción de inocencia en México.
Este caso, además de constituir una evidencia sobre las graves violaciones a los derechos humanos en el sistema de justicia penal, se ha convertido en uno de los emblemas de la fabricación de culpables en México. Qué bueno que por fin se hizo justicia a Juana Hilda; sin embargo, desafortunadamente, existen muchos expedientes abiertos, con culpables fabricados y con víctimas del uso sistemático de la tortura. Alguien se tiene que hacer cargo de ellos.
Casos graves que la Suprema Corte saliente decidió no atender, como el de Dulce Belém Sánchez —exagente policial que perdió un embarazo gemelar a causa de la tortura—, en el que la Primera Sala optó por devolver el expediente al Tribunal Colegiado, en lugar de ordenar una reparación directa por las violaciones acreditadas. Y como este, existen varios pendientes que harán que la nueva Suprema Corte tenga material para demostrar la tan prometida nueva era de la justicia.
Por poner algunos ejemplos, las y los nuevos ministros heredarán la responsabilidad de resolver los asuntos sobre la prisión preventiva oficiosa, una figura que ha sido utilizada como herramienta de castigo anticipado y que urge revisar desde una perspectiva de derechos humanos, con especial énfasis en el impacto desproporcionado en perjuicio de las mujeres.
También está el caso de Claudia Sánchez Mayorga, empleada administrativa del entonces “Solid Gold”, a quien torturaron y privaron de su libertad durante años, sin haber participado en la comisión de delito alguno, y cuyo estatus jurídico sigue pendiente y en manos de la Suprema Corte.
Asimismo, existen varios casos de personas indígenas que fueron detenidas y privadas indebidamente de su libertad al haber entrado a nuestro país con medicinas ancestrales, como la ayahuasca, que es una especie de decocción o té que en algunos países es patrimonio cultural y que en México no forma parte de las sustancias fiscalizadas. No obstante, nuestras autoridades han realizado interpretaciones deficientes, que rompen todas las exigencias legales en materia penal, mediante las cuales han concluido que estas personas indígenas cometieron delitos en nuestro país y por ello merecieron la privación de la libertad. Un par de amparos sobre la materia ya están en la Suprema Corte, pendientes de resolución.
Por último, destaco los asuntos fiscales que implican la determinación sobre asuntos millonarios que deberán ser resueltos con una política cuidadosa que atienda el mensaje social sin afectar la seguridad jurídica de las empresas.
De esta manera, es crucial que la nueva Suprema Corte asuma la magnitud de su papel como agente de cambio social. A diferencia de la última etapa del tribunal saliente —que con demasiada frecuencia privilegió los formalismos jurídicos sobre la justicia sustantiva—, la nueva integración tiene la posibilidad de colocar los derechos humanos y la perspectiva de género en el centro de sus resoluciones.
Que cada sentencia sea un punto de encuentro entre la legalidad y la dignidad, entre la reparación integral para las víctimas y la responsabilidad del Estado.