El pasado domingo se llevaron a cabo las elecciones extraordinarias de los primeros cargos que ordena la reforma judicial que —por diversas razones— sigue dividiendo la opinión de la población mexicana. De entre estos cargos, estuvieron los correspondientes a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde el inicio, uno de los pilares de la reforma judicial fue la paridad de género para que, cuando menos la mitad de las vacantes electas popularmente, fueran ocupadas por mujeres. Este principio permeó en la reforma en todos sus rubros: procesos de inscripción; selección de aspirantes y personas candidatas; y boletas electorales. Lógica que también se sostuvo en un inicio para la presidencia de la Suprema Corte, sin que al final dicha propuesta se materializara en la Constitución.
Ante la incertidumbre generada por esta duda, y considerando la intención original de la reforma judicial, Sheinbaum abrió la posibilidad de que fuera el INE quien determinara si la presidencia del máximo tribunal del país debe ser ocupada por la persona con mayor número de votos o, en su caso, por la mujer más votada. Finalmente, el martes por la noche, Taddei resolvió que no existe una norma que obligue a que la presidencia sea ocupada por una mujer. Por lo tanto, será el abogado mixteco Hugo Aguilar, quien, al encabezar el conteo de votos, será el próximo ministro presidente.
En países como el nuestro, donde persiste una brecha histórica de desigualdad de género, siempre será deseable que la mayor cantidad posible de altos cargos sea ocupada por mujeres. Esto permite romper techos de cristal en términos de representatividad y avanzar hacia una mayor igualdad mediante políticas públicas. Sin embargo, la reciente reforma judicial ha modificado sustancialmente el impacto de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, por lo que hoy el mayor peso en materia de igualdad de género ya no radica en quien ocupa la presidencia. Esta lucha en realidad se da con la composición general del tribunal y, sobre todo, en la integración y funcionamiento del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ).
Lo anterior se debe a que las funciones presidenciales de la nueva Corte se limitan principalmente a tareas de administración interna, representación protocolaria y asignación de turnos. A diferencia de lo que ocurría antes de la reforma judicial, la presidencia de la Suprema Corte ya no administrará presupuesto, ni recursos humanos, ni ejercerá funciones administrativas o disciplinarias. Tampoco tendrá injerencia en la administración del resto de la judicatura federal, como sí lo hacía anteriormente.
Desde mi perspectiva, el gran reto de Hugo Aguilar, nuevo ministro presidente, será marcar diferencia respecto de la presidencia actual. También deberá utilizar sus facultades de dirección en el debate jurídico, lograr los acuerdos generales más eficientes sobre la distribución de asuntos y remisión de casos, al tiempo que deberá construir un puente sólido con el OAJ.
Sobre todo, en sus hombros reside que esta nueva Corte, sin salas, permita un adecuado acceso a la justicia, pues sus resoluciones seguirán impactando de manera directa en los casos a nivel nacional y en la formación de criterios jurídicos que protegerán los derechos humanos de las y los mexicanos; por ello deberá mantener una posición independiente del poder público y recordar la deuda histórica en materia de justicia con grupos en situación de vulnerabilidad.
En resumen, el nuevo ministro presidente deberá desarrollar habilidades de coordinación y liderazgo para generar consensos entre sus pares y lograr siempre el punto de encuentro que permita demostrar que la nueva Suprema Corte estará a la altura de las demandas ciudadanas sin sacrificar la profundidad de sus análisis jurisdiccionales y la rigurosidad técnica de los procesos, pues en ellos estará la cara de la criticada reforma judicial.