Punto de encuentro

En CDMX te observan

En la CDMX existen protocolos claros sobre la retención de información: el material grabado se elimina automáticamente si no resulta útil para una investigación judicial, por lo que las cámaras actuales no utilizan tecnologías de reconocimiento facial ni almacenan datos biométricos.

El Gobierno de la CDMX recién anunció que este año se desplegarán casi 41 mil nuevas cámaras de videovigilancia. Esta medida no solo busca un buen control de seguridad para el mundial de futbol del próximo año, también aspira a que en 2030 se tengan 150 mil dispositivos —cámaras multisensor y tótems con botón de pánico— conectados al C5. Adicionalmente, se convocó a la ciudadanía y empresarios a sumarse al programa Más Ojos para la Seguridad, permitiendo —como refuerzo— el acceso a imágenes de cámaras privadas, medida que permitirá convertir a la CDMX en la ciudad más videovigilada de América.

Durkheim advertía que el comportamiento humano ético no proviene del individuo, sino que emerge como construcción social impuesta y necesaria para la cohesión de las comunidades. Así, lo que se estima como buena conducta deviene de un pacto de valor externo que, de incumplirse, amerita consecuencias individuales. Para juzgar su incumplimiento, esas conductas deben ser vigiladas.

En una línea similar, Bentham diseñó en 1785 la prisión panóptica: una edificación circular con una torre central para observar permanentemente a los reos sin que ellos supieran si estaban siendo vigilados, lo que sugería la provocación de una autorregulación constante.

Años después, Michel Foucault utilizaría el panóptico como metáfora del control social moderno, donde la vigilancia es internalizada por el poder disciplinario para que las personas se autocontrolen. Así, la obediencia no viene por la observación directa; basta con el temor que las personas tienen de saber que pueden ser observadas. Con ello, la visibilidad es una trampa. El verdadero poder está detrás del “poder” vigilar; esto es, la vigilancia se transmuta en una autovigilancia. El control se vuelve de esta manera difuso, invisible; y, por ende, más eficaz.

Esta idea, lejos de quedarse en el ámbito carcelario, se ha convertido en una referencia central en los estudios contemporáneos sobre vigilancia, especialmente en entornos urbanos. Tecnologías como cámaras de seguridad, sistemas de reconocimiento facial y plataformas de monitoreo digital prescinden de la presencia física de un agente en cada esquina. De esta manera, sobre todo en contextos altamente delictivos, la simple presencia de cámaras puede generar una mayor percepción de vigilancia y protección, provocando tanto prevención del crimen como mayor sensación de seguridad en el espacio público.

Estas premisas están inmersas en las iniciativas de la CDMX, reflejando una creciente confianza en la videovigilancia como herramienta para mejorar la seguridad pública, tanto para la prevención del delito como para la persecución de casos desde la Fiscalía y su respectiva judicialización, facilitando la recolección de evidencia clave. Además, las grabaciones ayudarán a identificar sospechosos y acelerar su detención, lo que permite una actuación más precisa y eficaz por parte de la policía.

No obstante, este tipo de vigilancia debe analizarse también en términos de derechos y libertades. La diferencia entre vivir en una ciudad segura y estar vigilados por un “Gran Hermano”, como lo advirtió Orwell en 1984, radica tanto en los criterios —algorítmicos o humanos— que se emplean para monitorear y analizar las imágenes captadas, como en la percepción colectiva de un posible totalitarismo estatal.

En la CDMX existen protocolos claros sobre la retención de información: el material grabado se elimina automáticamente si no resulta útil para una investigación judicial, por lo que las cámaras actuales no utilizan tecnologías de reconocimiento facial ni almacenan datos biométricos. De esta manera, y por el momento, la balanza parece equilibrada.

El desafío de la videovigilancia está en lograr un punto de encuentro entre la generación de entornos más seguros que respondan eficazmente a la demanda ciudadana de protección y la generación de entornos privados —igual de seguros— que permitan el libre desarrollo de la personalidad individual.

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