A finales de abril se dio a conocer que, en adición a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, se lanzará la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones (en adelante, VDNI). Esta ventanilla constituye un esfuerzo para concentrar en un solo sitio digital todos los trámites federales, estatales y municipales que necesita cubrir una empresa para su constitución y operación. La planeación de esta plataforma tiene una línea de tiempo concreta que, una vez concluida, promete reducir los recursos temporales, económicos y humanos para abrir la puerta a una simplificación sin precedentes en nuestro país.
De igual forma, en días recientes el gobierno federal anunció que busca reducir significativamente la tasa de interés para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), buscando, además, que el acceso a un crédito formal aumente en al menos un 3.5% anual para éstas. Dicha iniciativa será discutida durante la 88 Convención Bancaria, programada para hoy y mañana en Nuevo Nayarit-Vallarta, donde el gobierno acordará la implementación de la política con las instituciones financieras del país.
Habrá que estar atentos, puesto que, en México, las Mipymes generan más del 52% del PIB y sostienen el 78% del empleo formal (Coparmex, 2025), por lo que se consideran un pilar productivo del país. No obstante, estas empresas son las que más sufren las sacudidas del sistema en momentos críticos de incertidumbre económica como el que el mundo atraviesa en estos tiempos; de ahí la necesidad de estas medidas financieras y gubernamentales.
Así, ambas iniciativas, catapultadas desde el Plan México, ponen en un centro interesante a las Mipymes, tanto para facilitar su constitución como su financiamiento. Sin embargo, si bien el compromiso digital y el acceso al crédito devienen en condiciones necesarias para impulsarlas, el verdadero cuello de botella para estas empresas está en otro lado: en los cotos de poder, en los monopolios disfrazados y en las prácticas anticompetitivas que ahogan cualquier intento de crecimiento.
En México, una de las cosas más difíciles de lograr es que una empresa pequeña crezca y se convierta en mediana. No por falta de talento ni de esfuerzo, sino porque el mercado está altamente concentrado. Las grandes empresas —muchas de ellas acostumbradas a operar sin contrapesos— imponen barreras, absorben mercados y condicionan cadenas de suministro. Así no se puede competir con cancha pareja.
Por eso, si de verdad queremos que las Pymes despeguen, necesitamos, por un lado, menos corrupción y créditos baratos, pero sobre todo requerimos reglas claras, vigilancia real y sanciones efectivas. Aunque la Cofece desaparezca como tal, el nuevo órgano que vigile la competencia económica debe tener dientes: capacidad técnica, independencia política y facultades sancionadoras. Y desde el Congreso, se debe blindar este marco con reformas antimonopólicas que protejan la libre competencia como lo que es: un derecho colectivo.
Al mismo tiempo, urge redefinir la relación entre grandes corporativos y pequeñas empresas. No se trata de enfrentarlos, sino de construir un nuevo equilibrio. Será la convergencia de esfuerzos para que las grandes empresas reconozcan que su propia innovación depende de la agilidad, la creatividad y el talento que florece en las Mipymes, mientras que el Estado deberá garantizar condiciones justas de competencia y evitar que el pez grande se trague al chico.
La reducción tanto de trámites como de tasas es, sin duda, un paso en la dirección correcta. Lo que sigue es desmontar las otras barreras —legales, estructurales y políticas— que impiden a las Mipymes desplegar todo su potencial.
México necesita un ecosistema empresarial más justo, más equitativo y más dinámico. Un entorno donde todas las empresas, sin importar su tamaño, tengan una oportunidad real de crecer y prosperar. De ahí que las Mipymes, como eje, serán un punto de encuentro entre el gobierno y el sector financiero.