Mientras que en EUA el mercado y la realidad tecnológica empujan cada vez con más fuerza hacia una filosofía de libertinaje regulatorias con carácter expansivo. Estamos en la antesala de lo que podría ser un cambio de época en la gobernanza de la inteligencia artificial. En este contexto, la propuesta legislativa liderada por Ted Cruz—reseñada en detalle en The American Prospect bajo el título “Ted Cruz Attempts to Exempt Big Tech From the Law”[1]—es solo la punta del iceberg. El proyecto de ley, conocido como SANDBOX Act (Strengthening Artificial Intelligence Normalization and Diffusion by Oversight and eXperimentation Act), pretende otorgar a las compañías que trabajen con IA la posibilidad de pedir exenciones o modificaciones de casi cualquier disposición regulatoria federal, por dos años, renovables hasta por una década. Lo que comienza como un “sandbox” corre el riesgo de convertirse en una auténtica zona franca regulatoria para la industria tecnológica.
El Reino Unido ya había intentado diferenciarse de la Europa continental al ofrecer un marco menos rígido, diseñado para atraer inversión y acelerar el despliegue tecnológico. La propuesta de Cruz puede leerse como un intento de replicar ese modelo, aunque de manera aún más extrema: no se trata únicamente de flexibilizar marcos regulatorios, sino de permitir que las grandes tecnológicas puedan operar al margen de gran parte de la normatividad vigente en nombre de la innovación.
El fenómeno que estamos presenciando es, en muchos sentidos, como voltear un calcetín. Durante décadas, se acusó a empresas y gobiernos de negociar en lo oscurito, aprovechando huecos legales para probar materiales, medicamentos o sustancias en poblaciones ajenas antes de llevarlas a sus países de origen, protegidos por normativas más estrictas. Abundan los casos documentados de ensayos encubiertos, estudios clínicos con ética dudosa y despliegues experimentales realizados en sociedades que carecían de mecanismos efectivos de defensa. La lógica era clara: evitar riesgos políticos y legales en casa, externalizando la exposición hacia “otros”.
Ahora, con la IA, se busca lo contrario. El libertinaje regulatorio no pretende blindar a las poblaciones nacionales, sino exponerlas directamente. Al permitir que empresas puedan esquivar casi cualquier norma bajo el pretexto de la innovación, los ciudadanos de Estados Unidos serían sometidos a prácticas que podrían demostrarse insanas en el mediano plazo. Desde la manipulación de datos personales hasta el debilitamiento de protecciones ambientales o laborales, la apuesta de la SANDBOX Act es clara: abrir la puerta a que las propias poblaciones de origen sean los sujetos de prueba de modelos que, en condiciones más reguladas, jamás habrían sido autorizados.
El Reino Unido ya había intentado diferenciarse de la Europa continental al ofrecer un marco menos rígido, diseñado para atraer inversión y acelerar el despliegue tecnológico. La propuesta de Cruz puede leerse como un intento de replicar ese modelo, aunque de manera aún más extrema: no se trata únicamente de flexibilizar marcos regulatorios, sino de permitir que las grandes tecnológicas puedan operar al margen de gran parte de la normatividad vigente en nombre de la innovación. Lo que antes era externalizar riesgos hacia “otros”, ahora es internalizarlos en la propia ciudadanía, confiando en que el brillo de la palabra “IA” sirva como cobertura política para lo que, en otros tiempos, se habría llamado sencillamente experimentación con seres humanos y con el entorno.
En este giro inesperado, la inteligencia artificial se convierte en la excusa para justificar lo que en cualquier otro sector sería visto como un retroceso civilizatorio: colocar a las poblaciones en primera fila como conejillos de indias de un modelo de desarrollo que privilegia la velocidad y la rentabilidad sobre la prudencia y la seguridad.
El problema además es que no todo lo que brilla con IA es oro. Allí donde existe una necesidad clara—en salud, energía, transporte o manufactura—la inteligencia artificial puede sostener expectativas de manera realista, aportando mejoras concretas, reduciendo costos y, en muchos casos, salvando vidas. En esos sectores, una regulación más abierta puede acelerar la adopción y generar beneficios tangibles. Sin embargo, es inevitable que en aquellas áreas donde la IA nunca debió aterrizar, los espejismos terminen en desilusiones y bancarrotas. Ya se percibe la llegada de inversionistas inmaduros que, por miedo a perderse la ola, apuestan en aplicaciones marginales o irrelevantes. La consecuencia será un inevitable reventón de la burbuja, con startups infladas por promesas sin sustancia que se desmoronarán dejando cicatrices financieras y reputacionales.
El artículo de The American Prospect advierte que la SANDBOX Act contiene riesgos muy concretos. Entre ellos, el hecho de que las agencias federales tengan plazos tan cortos para evaluar solicitudes de exención que, si no responden a tiempo, las peticiones se aprobarían automáticamente. También resalta que las definiciones de “productos de IA” o “métodos de desarrollo de IA” son tan amplias que podrían abarcar prácticamente cualquier dispositivo con un componente algorítmico, desde automóviles hasta refrigeradores. Para colmo, incluso si una agencia negara la exención, el director de la OSTP tendría la facultad de revocar esa decisión y otorgarla de todos modos. Además, el proceso contempla la posibilidad de acelerar la derogación de normas federales de manera casi automática, reduciendo los tiempos de debate en el Congreso a su mínima expresión.
Este modelo no es neutro ni inocuo, y las implicaciones van más allá de Estados Unidos. En América Latina, y particularmente en México, podrían sentirse presiones para replicar esquemas similares con el argumento de atraer inversión y no quedarse atrás en la competencia global por hubs de innovación. Pero ese “incentivo competitivo” puede derivar en marcos regulatorios asimétricos, donde las compañías que obtienen ventajas en Estados Unidos presionen para trasladarlas a otros países, debilitando la capacidad local de supervisar prácticas que afectan directamente al consumidor, al trabajador o al medio ambiente.
Estamos, en suma, ante un momento bisagra. Hay una tensión creciente entre lo que la inteligencia artificial promete aportar a la sociedad y lo que el mercado, con sus inercias especulativas, quiere imponer a cualquier costo. Mientras algunos sectores verán consolidada una transformación profunda gracias a la IA, otros terminarán convertidos en cicatrices de burbujas fallidas. La regulación—o su ausencia—será un factor decisivo en esta bifurcación. Y la pregunta de fondo es si permitiremos que la palabra “IA” se convierta en un conjuro para burlar cualquier ley, o si lograremos que la innovación conviva con la responsabilidad.
[1] Dylan Gyauch-Lewis, “Ted Cruz Attempts to Exempt Big Tech From the Law”, The American Prospect, 23 de septiembre de 2025. prospect.org