“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad.” Cada 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, las palabras de Nelson Mandela adquieren un renovado significado. Esta fecha conmemora la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, recordándonos la importancia de defender y promover estos principios universales. Tal Declaración trasciende el simbolismo histórico para convertirse en un emblema universal de dignidad, igualdad y justicia para todas las personas.
En México, la defensa de los derechos humanos representa no solo un deber sino también un desafío institucional. Durante años, el INAI se ha encargado de garantizar los derechos fundamentales de acceso a la información pública y de protección de los datos personales, los cuales no son simples aspiraciones, sino los pilares de una democracia transparente, inclusiva y justa.
Sin embargo, la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, la cual plantea la desaparición del INAI, entre otros organismos, y la transferencia de sus funciones a la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno, marca un punto de inflexión en la defensa de los derechos humanos en el país. Como organismo autónomo, el INAI ha garantizado su imparcialidad y ha permitido mediar entre la ciudadanía y el gobierno. Su independencia no es un lujo ni una concesión política, sino una salvaguarda esencial frente a la tentación de controlar la información.
Con este cambio estructural, surgen preguntas críticas: ¿cómo se garantizará la imparcialidad en el acceso a la información pública?, ¿qué mecanismos evitarán los conflictos de interés y la discrecionalidad en el manejo de la información? Sin una respuesta convincente, la confianza ciudadana se encuentra bajo amenaza.
Las preocupaciones expresadas por organizaciones de la sociedad civil, personas de la academia y líderes de opinión no son infundadas. Concentrar las atribuciones en materia de transparencia en una entidad gubernamental no independiente compromete los principios de máxima publicidad y de rendición de cuentas. Esto no sólo debilita los contrapesos democráticos y el control de la corrupción, sino que también implica un retroceso en dos derechos humanos fundamentales, como los señalaron el 28 de agosto las relatoras especiales de la ONU sobre el derecho a la privacidad y sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Frente a este panorama, el gobierno tendrá la responsabilidad de mostrar un compromiso sólido y tangible con la protección de estos derechos. Entre las acciones necesarias destacan la educación informacional a población abierta con especial énfasis en los grupos vulnerables, la supervisión activa de la sociedad civil, el uso de tecnologías innovadoras que amplíen y faciliten el acceso a la información y una capacitación constante para las personas servidoras públicas, no sólo en términos de conocimiento de las leyes sino de cultura de la transparencia.
El Día de los Derechos Humanos es una oportunidad para reflexionar sobre los retos que persisten y para recordar que la transparencia y la protección de los datos personales no son meras herramientas administrativas, sino la manifestación concreta de una sociedad que aspira a ser más justa y equitativa, donde la dignidad humana sea un principio inquebrantable.
Por ello, las palabras de Nelson Mandela que me he permitido citar al inicio de estos párrafos nos invitan a pensar que no deberíamos permitir que décadas de avances sociales se desmoronen y que el poder ciudadano se debilite cada vez más. El futuro de la democracia mexicana dependerá de nuestra capacidad colectiva para exigir que al menos se mantenga lo que hemos progresado como sociedad.