Hablar de expropiación siempre será delicado, porque es un tema que afecta la propiedad privada de las personas, es decir, su patrimonio; ello obliga a reforzar los mecanismos de control en torno a esta figura y uno de ellos consiste en la transparencia, que se traduce en rendición de cuentas.
Las relaciones entre los distintos poderes que conocen de expropiaciones deben ser transparentes y públicas, porque siempre son complejas y pueden ser tensas, dado que no es sencillo que el Estado cumpla dos importantes obligaciones: una, de orden colectivo, es decir, tratar de resolver mediante la ocupación inmediata del bien que es objeto de la expropiación; y la otra, de interés particular, que se refiere al pago inmediato de la indemnización a la parte afectada.
Sin embargo, también deberíamos considerar dicha figura jurídica, como un instrumento que busca lograr el equilibrio entre el interés público y el interés de las y los propietarios particulares. Y, como lo establece la doctrina, la expropiación solo puede llevarse a cabo mediante indemnización y por razones de la utilidad pública.
Así, el acceso a la información es un eslabón indispensable, para que la sociedad reúna todos los elementos que le permitan auditar, vigilar, corroborar y revisar que estos dos pilares de la expropiación realmente operen, es decir que la utilidad pública y la justa indemnización se hagan efectivas. En otras palabras, otorgar la información sobre esta serie de procesos administrativos, brinda la certeza a las personas, de que las actuaciones del Estado son legales.
Al respecto, recientemente en el INAI resolvimos un asunto en donde se requirió a la Secretaría de Energía (Sener), información relacionada con las expropiaciones efectuadas en la administración de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto.
Así, si bien la Secretaría declaró no contar con lo solicitado, del análisis efectuado por mi ponencia, se pudo advertir que la Sener sí está en posibilidades de tener la información requerida, no solo por la normativa que la rige, sino también porque hay diversos casos de expropiaciones reales y latentes, en donde ha intervenido de manera directa.
Por otra parte, se observó que la búsqueda efectuada no fue exhaustiva, pues faltaron diversas áreas por pronunciarse respecto de lo requerido. Adicionalmente, en el proyecto también se determina que, a través del buscador del Diario Oficial de la Federación, no es posible desplegar, específicamente, las expropiaciones realizadas por la Sener, de modo que la orientación que efectuó, no resultó procedente.
Por ello, es que desde el INAI se le instruyó a realizar una nueva búsqueda, pero esta vez, como lo mandata la ley; es decir, de manera exhaustiva y razonable, tomando en consideración los indicios retomados en el estudio de fondo del agravio en cuestión.
La sociedad debe tener acceso a los pormenores de las expropiaciones, puesto que muchos de los criterios de interpretación de la Ley de Expropiación han evolucionado o cambiado de manera radical. Además, la publicidad de los detalles de las expropiaciones también es relevante desde el punto de vista financiero, pues es indispensable que se difunda toda la cadena de asignación de los recursos públicos
En la actualidad, es evidente el gran interés que existe sobre las expropiaciones, basta recordar que el Presidente afirmó en su conferencia de prensa matutina del 23 de mayo de 2023, que durante su administración se han realizado, al menos unas 500 expropiaciones, ya que es un procedimiento que le permite la ley para lograr concretar proyectos como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Todas aquellas instituciones y órganos que tenemos inferencia en la revisión y análisis de esos procesos, hoy más que nunca, debemos poner especial atención en nuestra actuación, para que la información sea oportuna y sea utilizada por las personas afectadas para exigir lo que realmente le corresponde.
Todas y Todos somos INAI.
Adrián Alcalá Méndez es comisionado del INAI.