“Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado al pueblo de Estados Unidos y de México. Pido perdón por todo y asumo la responsabilidad de mis actos.”
Con esas palabras, Ismael ‘El Mayo’ Zambada —cofundador del Cartel de Sinaloa, de 75 años, considerado el narcotraficante más prolífico desde Pablo Escobar— expresó arrepentimiento tras más de cinco décadas de narcóticos, sangre y violencia en las calles.
Más allá del cinismo de estas declaraciones ensayadas —pronunciadas en un tribunal de Nueva York esta semana, cuando Zambada se declaró culpable de narcotráfico ante el gobierno de EU—, hay cierto consuelo en ver a un criminal tan notorio rindiendo cuentas. Para los miles de familiares destrozados por El Mayo y sus socios a lo largo de los años, saber que pasará el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad ofrece un mínimo de justicia, aunque tardía y politizada.
Zambada se une a la lista de capos retenidos en custodia de EU, entre ellos Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes y su propio socio Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera. Aunque no fueron las fuerzas de seguridad estadounidenses quienes lo capturaron —su traslado a EU el año pasado resultó de un turbio complot de rivales—, el desenlace sigue siendo una gran victoria.
También resulta notable cuánto se ha profundizado la cooperación de México con Washington desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en octubre. No solo ha autorizado la transferencia de más de 50 líderes criminales a EU en lo que va del año, sino que además ha endurecido la ofensiva contra las bandas con ayuda de su influyente secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. México incluso impulsa un nuevo pacto de seguridad con EU para contener narcotráfico y violencia, medida que, de concretarse, podría suavizar una de las principales quejas del presidente Donald Trump contra su vecino del sur.
Ahora bien, la mala noticia: por cada capo capturado y juzgado, otros llenan el vacío. Mientras la demanda de cocaína y otras drogas ilegales siga siendo insaciable, habrá grupos dispuestos a manejar este negocio multimillonario pese a sus riesgos. La frágil vigencia del Estado de Derecho en México, sumada a un sistema judicial débil y a la corrupción enquistada —también presente en EU, con abogados, banqueros y asesores cómplices—, crea un terreno fértil para las organizaciones criminales.
El propio Zambada lo dijo en 2010, en una entrevista con el fallecido periodista Julio Scherer García, uno de los más respetados de México: “Si me atrapan o me matan… nada cambia”.
Como parte de su acuerdo judicial, Zambada aceptó cooperar en la recuperación de 15 mil millones de dólares en ganancias ilícitas. Incluso si el gobierno de EU solo logra cobrar una fracción de esa suma, la magnitud de la cifra lo dice todo. Si el conglomerado criminal de El Mayo fuera una empresa legítima, estaría entre las 10 mayores de México, valdría más que Cemex o Bimbo, y él sería la séptima persona más rica de América Latina. El equilibrio entre riesgo y recompensa aún se inclina peligrosamente a favor de los delincuentes.
En ese contexto, las declaraciones de la fiscala general de EU, Pamela Bondi, de que la condena de Zambada representa “una victoria crucial en la lucha del presidente Trump por eliminar por completo a las organizaciones terroristas extranjeras” suenan como un eslogan vacío para la televisión, sobre todo en oídos mexicanos. Basta ver la guerra brutal que estalló en su estado natal de Sinaloa tras su secuestro en julio de 2024, mientras los herederos del cartel pelean por su imperio. Aspirantes al título de Gran Señor sobran.
Ejercer fuerte presión sobre los carteles —incluso con la amenaza de ataques directos de EU— es necesario para elevar el costo de dedicarse a actividades ilícitas. Pero la estrategia estadounidense de “decapitar” carteles no exime a la administración mexicana de lidiar con las secuelas de esa violencia. Incluso si el narcotráfico se reduce de forma significativa en México, otras ramas criminales prosperarán, como lo demuestra hoy el récord en los niveles de extorsión.
Lo más escalofriante del testimonio de Zambada es su confesión sobre el soborno a “policías, militares y políticos”. Su capacidad para corromper a miles de funcionarios con total impunidad habla del grado de descomposición institucional en México. Y si los capos logran seguir manejando sus negocios desde las cárceles mexicanas, eso justifica la decisión del gobierno de usar al sistema judicial de EE.UU. como sustituto legal, aunque sea a costa de fortalecer la aplicación de la ley local. En ese sentido, México necesita urgentemente poner orden en casa, no para contentar a Washington, sino porque es esencial para su propia supervivencia. Sin sistemas judiciales más sólidos, policías locales profesionales, estrategias financieras para rastrear dinero ilícito e incentivos para que los jóvenes se integren a la economía formal, los carteles seguirán floreciendo.
María Scherer, hija de Julio y periodista influyente en México, entrevistó a Zambada el año pasado, apenas dos semanas antes de su arresto. Está convencida de que él no tenía idea de lo que se le venía, pero duda que su detención cambie mucho.
“Cada vez que se corta una cabeza, aparecen 10 más”, me dijo. “Su confesión es la confirmacion de lo que sabemos desde hace decadas: que este hombre sobornó a todos. Tenemos un sistema de justicia podrido desde el ministerio publico hacia abajo.”
Ese es un problema que no se resolverá condenando capos en tribunales estadounidenses, y mucho menos etiquetándolos de terroristas o atacándolos con operaciones militares unilaterales de EU.
JP Spinetto es columnista de Bloomberg Opinion y escribe sobre negocios, asuntos económicos y política en América Latina. Anteriormente fue editor jefe de Bloomberg News para economía y gobierno en la región.